Jungla de fármacos

CON LA entrada en el Parlamento del proyecto de ley del medicamento se da vía libre en España al primer intento serio de poner un poco de orden en la jungla de la fabricación y consumo de fármacos de acuerdo a criterios internacionales de seguridad, calidad y eficacia. La legislación existente hasta ahora, variopinta y de rango reglamentista, se ha mostrado insuficiente para proteger la salud de los españoles frente al resto de intereses, legítimos sin duda, presentes en una actividad de tan fuerte impacto económico como la Industria farmacéutica, que durante el último año movió cerca de 400.000 millones de pesetas y en la que intervienen agentes tan dispares como los propios laboratorios farmacéuticos, la Administración sanitaria, médicos, profesionales de farmacia y usuarios.Largamente esperada, la nueva ley inicia el trámite parlamentario con aires de polémica y de discrepancia, a pesar de haberse limado asperezas en su largo período de preparación. No es extraño que ello sea así. Cuando se habla de mejorar el uso de los medicamentos, ciertas instancias se refieren a ellos más como objeto de consumo que como una herramienta de salud. Y aunque es obvia su dimensión comercial, las grandes ventajas que ha reportado a la salud del hombre moderno pueden convertirse en graves perjuicios si su uso obedece a efímeros motivos, bien por prescripción médica no suficientemente evaluada, bien por automedicación de los propios ciudadanos.

En España, el desbarajuste existente en el campo de los medicamentos ha sido hasta no hace mucho gravemente preocupante. En la última década se han retirado del mercado fármacos inadecuados, manifiestamente inútiles o simplemente peligrosos. Pero las 9.900 presentaciones farmacéuticas actuales -en su mayor parte, repeticiones- son todavía excesivas, sobre todo cuando siguen registrándose decenas de nuevos productos, copias más caras de los viejos, cuya contribución más importante es aumentar la confusión.

Acabar con esta situación -homologando -a España en esta materia al resto de la Comunidad Europea- es el objetivo principal de la nueva ley, que establece la competencia exclusiva del Estado para regular legalmente los productos farmacéuticos. Al hilo de este objetivo esencial, la nueva legislación deberá afrontar cuestiones controvertidas. Por ejemplo, ¿es realmente necesario que la Seguridad Social pague como medicamento eficaz lo que en la mayoría de los casos se receta como un simple placebo; es decir, un producto sin expectativa terapéutica? Los efectos económicos de la respuesta a dicha pregunta saltan a la vista si se tiene en cuenta que la Seguridad Social soporta el 80% de los gastos farmacéuticos. En cualquier caso, el debate parlamentario de la nueva ley es la ocasión para dilucidar los pros y los contras de estas cuestiones polémicas, siempre con la vista puesta en garantizar la comercialización de unos medicamentos seguros, eficaces y de calidad.