La CE liberaliza los contratos públicos de telecomunicación, agua, energia y transporte

El Consejo de Ministros de Mercado Interior de la CE aprobó ayer en Bruselas abrir a la libre competencia los contratos públicos de los sectores de telecomunicaciones, energía, agua y transportes. La nueva directiva entrará en vigor el 1 de enero de 1993 para nueve países de la Comunidad. España tendrá de plazo hasta el 1 de enero de 1996, mientras que Portugal y Grecia contarán con dos años más para ajustarse a esta norma.

Esta excepción temporal responde a la especial incidencia que sobre el empleo y las empresas nacionales de estos países tendrá el fin de los llam* ados mercados cautivos. La facturación anual de todos los contratos y suministros públicos de los doce asciende a 140 billones de pesetas.La decisión está pendiente todavía del dictamen del Parlamento Europeo, que no es vinculante, para su aprobación definitiva y formal. Al acuerdo sóle, se opuso Francia, país que quería una mayor liberalización en el suministro de material eléctrico, sector en el que ocupa una posición dominante en Europa.

La nueva directiva deberá incluirse en las legislaciones nacionales antes de julio de 1992, aunque los Estados dispondrán de un plazo de adaptación -de seis meses a 2,5 o 4,5 años, según los casospara su aplicación obligatoria. A partir de entonces, los concursos de licitación deberán estar abiertos a la libre competencia.

lHasta el momento, la Comunidad tiene abiertos los contratos de suministros del Estado, y el pasado año aprobó tina directiva similar para hacer lo mismo con las obras públicas. Los cuatro sectores ayer liberalizados (energía, transportes, agua y telecomunicaciones) se consideraban derriasiado sensibles, sobre. todo por su proyección de futuro. Falta todavía por abrir elcoto nacional que representan los contratos de servicios profesionales, informáticos, etcétera. En conjunto, la Comisión Europea calcula que los mercados públicos representan un 15% del total del producto interior bruto de la CE.

Las limitaciones

La nueva directiva está sometida a límites de partida o colchones de seguridad que limitan su incidencia. La licitación de obras públicas en los cuatro sectores será libre sólo en los contratos que superen 660 millones de pesetas (cinco millones de ECU). Para los suministros de material o equipos, el umbral decisorio será un montante de 52,8 millones de pesetas. Francia, en el caso del material eléctrico, sólo estaba dispuesta a aceptar la mitad, y por eso se opuso. En lo que se refiere a los equipamientos de telecomunicaciones, los contratos estarán sometidos a un baremo especial de 78 millones de pesetas.Estos topes permiten reservar al exclusivismo nacional gran parte del negocio en sectores como el del transporte discrecional y urbano. También abren la posibilidad de trocear los concursos como regate a la nueva norma comunitaria. En el sector energético, las exclusiones son todavía mayores, puesto que no se aplicará esta obligación a las empresas del sector. La libre competencia está pendiente del llamado Mercado Común Energético, de momento sólo un proyecto condicionado a la desaparición de la exclusividad nacional de las redes de distribución de energía. España, frente a Francia y Portugal, que desean establecer el puente, defiende esta frontera que desaparecerá probablemente después de 1995.

De una forma general, la apertura de las compras públicas no tendrá efectos para aquellas lícitaciones del Estado que impliquen contratos secretos, acompañados de especiales medidas de seguridad. La Comunidad establece además una preferencia de adjudicación para las compañías de los doce cuando sus ofertas sean hasta un 3% más desventajosas que las realizadas por empresas pertenecientes a países terceros.