Los interventores del Estado denuncian el vacío legal para el control de las subvenciones oficiales

Las subvenciones que salen de los Presupuestos Generales del Estado Con destino a empresas privadas, a empresas y organismos; públicos y a familias e instituciones sin fines de lucro alcanzaron el pesado año ,1,2 billones de pesetas. La asociación que agrupa a los interventores del Estado -encargados de vigilar la admnistración del gasto público- denuncia el vacío legal existente sobre la utilización de subvenciones públicas, lo que dificulta un control eficaz. Por su parte, el interventor general del Estado, Juan Aracil, señala que ésta es un área de "alto riesgo" en cuanto a las posibilidades de fraude.

Las situaciones más comunes de frande en la utilización de subvenciones públicas son la falta de ejecución de las obras previstas, el desvío de los fondos obtenidos desde unas cuentas bancarias a otras, la división artificial de los proyectos para eludir los límites sobre concesión directa, la utilización de las subvenciones para fines distintos a los previstos y la creación de empresas con el único fin de obtener la ayuda pública.Esta es la experiencia recogida por los interventores del Estado, sobre una parte de las subvenciones que se han sometido a control mediante la realización de auditorías. Desde el año 1982 hasta la fecha se han realizado 66,15 auditorías. De ellas, 115 se realizaron los años 1984 y 1985 en los ayuntamientos.

El pasado año se efectuaron 150 auditorías y para este año están previstas 332, la mayoría de las cuales -280- tendrán como fin el control posterior de las subvenciones recibidas de los fondos comunitarios. Este año será la primera vez que, de manera centralizada, se realizarán auditorías sobre la utilización de los fondos estructurales de la CE.

Los sectores considerados como de "alto riesgo" por la Intervención del Estado tanto en función de la cuantía de las subvenciones como de las posibilidades de fraude son los siguientes: Fondos de Promoción de Empleo (naval, línea blanca, aceros especiales y siderurgia integral), Renfe, Hunosa, Federación Española de Fútbol, Ateneo de Madrid y las autopistas (seguro de cambio).

Sin embargo, el alcance de las auditorías representa una gota en el oceáno (le los 1,2 billones de pesetas que el pasado año se destinaron a subvencionar empresas públicas y privadas, organismos públicos, familias e instituciones sin fines de lucro. A ello hay que añadir los 478.000 millones de pesetas que se perciben de la CE a través de los fondos estructurales (FEOGA, FEDER y Fondo Social Europeo).

"Alto riesgo"

Según el Interventor General del Estado, Juan Aracil, aparte de la realización posterior de auditorías, el control sobre a quién y cómo se dan las subvenciones públicas corresponde "a los gestores", es decir, a los responsables del organismo público que las otorga. Sin embargo, no oculta sus prevenciones sobre la utilización de estos fondos. "Éste es un área de alto riesgo por las posibilidades de fraude, ya que la subvención se otorga antes de que el proyecto se lleve a cabo".

El presidente de la Asociación de Inspectores de Finanzas e Interventores del Estado, Luis Romasanta, explica que existe un vacío normativo sobre el control posterior de las subvenciones. Esta es la causa, en su opinión, de que éste, sea un campo abonado para el fraude. Según la asociación, este año está previsto destinar cerca de dos billones de pesetas a subvenciones en los Presupuestos.

Cada ministerio u organismo público publica en el BOE el concurso para la subvención, los fines y las condiciones que han de reunir los aspirantes. Después, "muchas de estas subvenciones se deciden a nivel de director general y no existe un control sobre la toma de decisiones ni sobre si la subvención se ha destinado a los fines previstos".

La normativa contempla, por ejemplo, que en el caso de que no se cumplan los requisitos se devuelvan las cantidades obtenidas como subvención, sin embargo, "no tenemos noticia de que se haya ingresado en el Tesoro ninguna cantidad por este concepto", señalan los interventores.

Según un comunicado de esta asociación, "la normativa actual resulta a todas luces insuficiente, por lo que se hace necesario modificar la Ley General Presupuestaria y completarla con un desarrollo reglamentario para definir las reglas del juego, el control sobre el cumplimiento de esta normativa y las sanciones para quienes no la respeten".

Ello debería completarse con un control integral sobre la gestión tanto del gasto como de los ingresos públicos. A esta función supervisora habría que añadir un nuevo control sobre "la eficacia y economía en la gestión de los fondos públicos", añaden los interventores.