El temor al estallido social en Argentina

La posibilidad de un estallido social en Argentina, provocado por la crisis económica, ha desencadenado en Argentina un intenso debate y una ola de rumores sobre una eventual reforma de la ley de Defensa Nacional para devolver a las fuerzas armadas, en caso necesario, un papel protagónico en el restablecimiento del orden público.

Las usinas (fábricas) de rumores no cesan de lanzar trascendidos (filtraciones) sobre los planteamientos del alto mando militar ante la hipótesis de un conflicto social abierto en Argentina. El deterioro de la situación económica plantea la pregunta de hasta cuándo podrá aguantar la gente los continuas aumentos de precios sin lanzarse al asalto de los supermercados.El fantasma del estallido social flota sobre un verano austral pasado por agua. El cúmulo de acontecimientos y de crisis ha hecho casi olvidar que hace poco más de medio año, a finales del pasado mayo, las masas se lanzaron sobre los comercios en Rosano y en los alrededores de la ciudad de Buenos Aires. Los disturbios obligaron a decretar el estado de sitio y se saldaron con, por lo menos, 15 muertos.

La cuestión abierta es si, en caso de estallido social, deberían intervenir las fuerzas armadas en la represión y en el restablecimiento del orden. Desde fuentes militares se deja traslucir que los mandos desean que la posible intervención de las fuerzas armadas en un conflicto interno quede amparada por la ley y no en una zona gris de dudosa legalidad.

Otra reivindicación de los militares para una eventual intervención es que sobre su actuación sólo sea competente la justicia militar. No quieren los uniformados que tribunales civiles juzguen sus conductas, como ocurrió en los procesos que siguieron al final de la dictadura militar. Desde la aprobación, en abril de 1988, de la ley de Defensa Nacional, la intervención de las fuerzas armadas en conflictos internos ha quedado vetada. Se enterró así la llamada doctrina de la seguridad nacional. El asalto terrorista al regimiento de La Tablada, el 23 de enero de 1989, quedó sofocado en 48 horas con la intervención del Ejército.

En aquella ocasión se plantearon varias cuestiones sobre la legalidad de la intervención. Se legitimó la actuación del Ejército con el argumento de que había sido atacada una instalación militar y de que la orden de intervención había partido del presidente de la República, que es el comandante supremo de las fuerzas armadas.

Un asado con Menem

El pasado fin de semana, el presidente Carlos Menem, acompañado de varios de sus colaboradores, se reunió en un asado con los altos mandos militares. Tras un asado similar se produjo días atrás el cese del entonces ministro de Defensa, Italo Argentino Lúder, que no había sido invitado. En esta ocasión el nuevo ministro de Defensa, Humberto Romero, formaba parte del grupo. Después de la reunión, Menem dijo que la intervención de las fuerzas armadas en conflictos internos "es algo que se está contemplando", y añadió que esa decisión no depende sólo del Ejecutivo y que se necesita el apoyo del Congreso Nacional.Menem puntualizó, en una entrevista radiofónica, que "el Gobierno no está estudiando modificaciones a la ley de Defensa Nacional", y que "no hay posibilidad de un eventual estallido social". Esto no disipó los temores que despierta una reforma de la ley de Defensa. Menem realiza declaraciones contradictorias con tal frecuencia que más bien parece que se trata de un sistema para confundir y distraer a potenciales oponentes.

El tema de la modificación de la ley de Defensa es una piedra de toque importante en la situación actual argentina. Los militares quieren garantías para su actuación en caso de crisis interna. El ministro Romero declaró que no se necesita modificar la ley de Defensa, y en su argumentación citó el caso de La Tablada. Es claro, sin embargo, que existe una diferencia cualitativa entre una intervención militar contra un grupúsculo de izquierdistas iluminados que toman un regimiento, y centenares de mujeres y niños que, azuzados por el hambre, asaltan supermercados.

La crisis económica y la gestión de Menem empiezan a ser comparadas con la de la presidenta Isabel Perón en 1975. El desenlace del Gobierno de la viuda de Perón fue el golpe militar del 24 de marzo de 1976 y una dictadura de más de siete años con 10.000 desaparecidos por lo menos.

Argentina parece sumida en un estado de desencanto colectivo que ya no es la mufa (mala leche) de los días de la presidencia de Raúl Alfonsín. Este sentimiento palpable de desencanto podría ser capitalizado por cualquiera de los que están dispuestos a salvar la patria.

El coronel en la reserva Mohamed Alí Seineldín recorre sin cesar el país y mantiene continuas reuniones con sus potenciales seguidores. Las ciudades donde se presenta Seineldín aparecen llenas de pintadas, como "Seineldín es honradez" y "Seineldín contra la corrupción". El ex teniente coronel Aldo Rico no para de hablar y se reúne hasta con los trabajadores en huelga del metro de Buenos Aires.

Una de las palabras más en boga estos días en Buenos Aires es bordaberrización. Este concepto sirve para designar un proceso en el que un presidente civil gobierna formalmente, pero manejado por una cúpula militar. La palabreja procede del presidente de Uruguay Juan María Bordaberry, que entre 1972 y 1976 fue un auténtico títere en manos de los militares.

El pasado domingo, un comentarista del diario de izquierda Página 12 barajaba ocho hipótesis sobre el futuro de Argentina. Entre los modelos había dos tipos diferentes de golpe militar, dos clases de bordaberrización, dos variantes de renuncia de Menem: una reforma constitucional para crear la figura de un primer ministro y la aplicación de la ley de acefalia, con elección de un nuevo presidente por el Parlamento. El semanario Noticias, de reciente aparición y que critica duramente la gestión de Menem, recoge una cita, atribuida a un dirigente peronista al que no identifica, que dice: "Él [Menem] sabe que no es Perón. El problema es que se parezca demasiado a Isabel".