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El Ministerio de Hacienda estudia requerir las listas de suscriptores de pagarés forales

, El Ministerio de Economía y Hacienda estudia solicitar a las diputaciones vascas las listas de suscriptores de pagarés forales correspondientes a las dos emisiones anuladas por la resolución del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, según informan fuentes oficiales. Mientras, los responsables de las instituciones autonómicas vascas han anunciado que van a mantener su política de emisión de pagarés forales.

Hacienda considera que, tras la decisión del tribunal vasco, los suscriptores de los pagarés forales no pueden disfrutar de la opacidad fiscal, al menos, de las dos emisiones anuladas. Por ello, se estudia solicitar a la administración vasca la relación de suscriptores de estos pagarés para comprobar si el dinero invertido se puede calificar como negro y si los rendimientos han sido declarados.El ministerio expresó ayer su satisfacción por la decisión de la justicia vasca, ya que "supone un tercer golpe mortal al dinero negro tras las primas únicas y las cesiones de créditos", señalaron fuentes de este departamento. Los pagarés forales, añadieron, "no tienen como objetivo la financiación del déficit de los presupuestos vascos, sino que persiguen únicamente la obtención de un beneficio". La misma fuente reiteró que este tipo de emisiones únicamente pueden ser realizadas por el Tesoro.

Por su parte, los responsables de Hacienda de las instituciones autonómicas vascas van a mantener su política de emisión de pagarés forales, equivalentes a los pagarés del Tesoro de la Hacienda estatal, y de captación de dinero negro, a pesar de la resolución del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco que anuló dos de estas emisiones, informa desde Bilbao .

En respuesta a la resolución del tribunal vasco, la Diputación Foral de Vizcaya ha presentado un recurso de apelación ante el Tribunal Supremo lo que automáticamente pone en suspenso la sentencia. La resolución judicial no tiene efectos reales sobre las dos emisiones de 10.000 y 6.000 millones de pesetas, ya que éstas han sido amortizadas en su totalidad, según indicó ayer el portavoz de la Diputación.

Actitud atentatoria

Las tres diputaciones del País Vasco y el consejero de Hacienda y Finanzas del Gobierno vasco criticaron como un recorte del concierto económico y de las competencias financiero-tributarias de estas administraciones la sentencia que anula una emisión de pagarés forales de Vizcaya de 1986 por valor de 16.000 millones de pesetas. Alfonso Basagoiti, consejero de Hacienda y miembro del Partido Nacionalista Vasco aseguró que el fallo del tribunal vasco no es un caso puntual y que de su filosofía se desprende una actitud atentatoria al concierto económico.Tanto las diputaciones como el Ejecutivo autónomo han criticado la filosofía que impregna los 26 folios de la sentencia. El fallo considera que las haciendas forales no están legalmente habilitadas para la emisión de estos pagarés.

"Los recursos presentados por la Administración central contra los pagarés son una forma de romper el equilibrio financiero por una de las partes", añadió el consejero. Los responsables de la Diputación de Vizcaya han mostrado su profunda disconformidad con la sentencia y han afirmado que es "un golpe bajo contra el concierto económico".

Las diputaciones del País Vasco mantienen emisiones de pagarés por valor de un billón pesetas. De ellos, 460.000 millones corresponden a Vizcaya, 400.000 a Alava y 100.000 a Guipúzcoa. En caso de que el Tribunal Supremo ratifique la sentencia del Tribunal Superior de Justicia vasco, las diputaciones tendrán que prescindir de una fuente de financiación barata sobre cuyos ingresos han hecho crecer sus presupuestos.

Sin embargo, los responsables de las haciendas forales no se muestran excesivamente preocupados. "La salud financiera de la Diputación de Vizcaya es excelente", señaló ayer un portavoz oficial. "Para el presente ejercicio, el rendimiento de los pagarés aplicado al presupuesto asciende a 15.000 millones de pesetas, con lo que vamos a continuar la labor social impulsada a través de estos recursos".

Bajo la controversia motivada por la sentencia se esconde un enfrentamiento entre la Administración central y la del País Vasco. Las Diputaciones no aceptan el monopolio de la Hacienda estatal en la captación de dinero negro. Las diputaciones forales argumentan que su competencia en materia de financiación y endeudamiento proviene de un derecho histórico contrastado y reconocido en el Concierto Económico.

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