El fiscal pide tres años para un empresario de Alicante acusado de agresión sexual

El empresario alicantino Antonio Vicedo Alcolea, de 40 años, se sentó ayer en el banquillo de la sección tercera de la Audiencia Provincial de Alicante, acusado de un presunto delito de abusos deshonestos (tipificado actualmente como agresión sexual) por intentar abusar de su secretaria, Esperanza Vivar Muñoz, de 32 años. El ministerio fiscal, que en un principio iba a solicitar una pena de un año de prisión menor, modificó su calificación hasta tres años de prisión menor al concurrir como agravante la reincidencia, ya que el industrial había sido procesado con anterioridad por otros delitos.En la vista oral, Esperanza Vivar ratificó los hechos expuestos en la denuncia que interpuso en abril del pasado año contra su jefe, Antonio Vicedo. La joven comenzó a trabajar en la empresa Geconde SA, propiedad de Vicedo, a principios de enero de 1989, como secretaria. Según explicó en el juicio, a los pocos días de incorporarse a su nuevo trabajo, el procesado utilizó la fuerza para agredirla sexualmente.

Relaciones con los jefes

"Una tarde cuando estábamos solos en la oficina", contó en el juicio, "me llamó a su despacho y, tras sujetarme contra la silla, comenzó a besarme en el cuello y en la boca y me tocó el pecho y la cadera". Esperanza Vivar señaló que para defenderse le mordió fuertemente en la lengua, tras lo que cesó la agresión. Asimismo la joven afirmó que su jefe le había comentado que era normal que las secretarias mantuvieran relaciones sexuales con sus superiores y que "si quería seguir trabajando tenía que sacrificarse".El empresario negó en todo momento que hubiera intentado aprovecharse de su secretaria y manifestó que nunca le hizo proposiciones deshonestas. Antonio Vicedo dijo que despidió a la joven 27 días después de la firma del contrato "porque no servía para nada y no era capaz de desempeñar su labor".

Por otra parte, la joven ganó la demanda interpuesta en Magistratura, que consideró que su despido fue improcedente. El contrato firmado por la joven era, además, ilegal. A pesar de ello, el procesado todavía no ha satisfecho a la joven la cantidad fijada por Magistratura, unas 300.000 pesetas.

Antonio Vicedo señaló que su secretaria le denunció, "por su afán de notoriedad, búsqueda de lucro y como venganza a su despido". El fiscal, Rafael Escobar, resaltó que la joven en ningún momento había perseguido conseguir dinero con la denuncia, ya que no solicita indemnización.