El fiscal pide datos a la banca sobre fondos de Casinos de Cataluña

La fiscalía de Barcelona ha requerido al juzgado encargado del caso Casinos que ordene a cuatro entidades bancarias la presentación de documentación relativa a un total de 855 millones de pesetas que supuestamente fueron depositados después de ser desviados de los fondos de Casinos de Cataluña. El presidente de este holding, Arturo Suqué, fue acusado por su ex gerente, Jaime Sentís, de desviar 2.000 millones de la sociedad, de los que 600 habrían sido entregados, según la querella, a dos personas del aparato de Convergéncia Democrática de Catalunya (CDC), el partido de Jordi Pujol.Los bancos a los que se ha solicitado información son: Urquijo Unión, Citibank, Zaragozano y La Caixa. El fiscal también ha requerido el estado de los balances contables a Casinos e información sobre las sociedades instrumentales que aparecen en la querella presentada por Jaime Sentís. Éste comunicó el pasado día 19 al juzgado que desistía de su querella, pero el fiscal prosigue la investigación de oficio. El mismo día 19, Sentís abandonó España. Casinos de Cataluña explota los tres casinos de esta comunidad y es accionista mayoritario de la empresa que gestiona las lotos de la Generalitat.

Disuelta una firma instrumental

De otra parte, Faig, SA, empresa instrumental creada por personas próximas a CDC para invertir dinero en sociedades de comunicación próximas a ese partido, se ha disuelto y liquidado. El BOE publicó el pasado 22 de enero el anuncio correspondiente. Albert Serra Hugas, el contable de CDC que, según la querella presentada contra el presidente de Casinos, recibió 300 millones de pesetas de dinero negro, poseía el 45% de las acciones.Esta empresa, pese a tener un capital social de un millón de pesetas, compró acciones de Ràdio Avui y Cadena 13 -emisoras privadas controladas por CDC- por valor de más de 188 millones, convirtiéndose en su principal accionista. Una inversión que se ha demostrado ruinosa, hasta tal punto que esas emisoras están en venta tras fracasar una operación para que la Generalitat alquilara sus frecuencias por un precio desorbitado.

El anuncio publicado por el BOE el lunes de la semana pasada indica que la disolución y liquidación de la compañía fue acordada por la junta de accionistas el pasado 19 de diciembre. El liquidador firma con fecha 27 de diciembre. Sin embargo, el anuncio no entró en las oficinas del BOE hasta el pasado 15 de enero. Cuatro días antes EL PAÍS informaba de la existencia de la querella contra Suqué, presentada el 10 de diciembre.

El balance aprobado por la junta de accionistas resulta sorprendente: un activo de un millón de pesetas (en caja y bancos, 83.254; y pérdidas, 916.746) y un pasivo de un millón (el capital social de la compañía). Es decir, que una inversión ruinosa sólo ha provocado pérdidas por valor de 916.746 pesetas. El balance es característico de una empresa que ha permanecido inactiva.