Banderilleros y picadores empiezan una huelga indefinida el 1 de febrero

La Unión de Banderilleros y Picadores Españoles, que encuadra a la mayoría de los subalternos de estas categorías profesionales del toreo, ha convocado huelga indefinida, que iniciará el 1 de febrero. Acusa a la Administración de inoperancia al no haber regulado convenientemente su integración en el Régimen General de la Seguridad Social, según su opinión. La huelga afecta a la feria de Valdemorillo, que empieza el 4 de febrero.

La Unión ha comunicado al Director General de Trabajo que ejerce su derecho a la huelga a partir del 1 de febrero y alega como causas principales la necesidad de reconstrucción de sus situaciones en las temporadas de 1987 y 1988 y la falta de prestaciones de incapacidad laboral, pensiones y jubilación. Los subalternos que no pertenecen a la Unión de Picadores y Banderilleros y están encuadrados en UGT o CCOO, no secundan la huelga, si bien estos profesionales suman un pequeño porcentaje en relación con la totalidad de cuantos se encuentran en activo.Representantes de la Unión han celebrado reuniones con diversos cargos de la Secretaría General de la Seguridad Social e incluso han sido recibidos por el propio Secretario General, Adolfo Jiménez, y el Ministro de Trabajo, sin que, hasta el momento, hayan llegado a un acuerdo. La situación planteada es que, al solicitar algunos subalternos las prestaciones que les corresponden -entre otras, la de desempleo- se han encontrado con que no había constancia de la totalidad de sus actuaciones en los ruedos y, por tanto, de que hubieran hecho efectivas las cotizaciones reglamentarias.

El año 1986 se reguló la integración de los toreros en el Régimen General de la Seguridad Social y la nueva normativa suscitó una controversia con los empresarios. Estos opinaban que eran los matadores de toros-jefes de cuadrilla quienes, como empresarios verdaderos de los subalternos, debían hacerse cargo de las cuotas de la Seguridad Social. Al parecer, mientras entraban en vigor las órdenes ministeriales que regulaban el decreto, hubo un período en que pudieron producirse irregularidades por parte de algunas empresas y determinados diestros en orden a los pagos a la Seguridad Social.

El control de las cotizaciones de los toreros se dificultó por la dispersión de sus actuaciones y se agravó al constituirse algunos matadores en sociedades anónimas -al objeto de obtener beneficios fiscales-, pues se introducía una figura jurídica de complicado engranaje en los usos tradicionales del negocio taurino.

Las empresas abonan en concepto de Seguridad Social un 47,10% de las bases de cotización, de cuya cantidad un 41,1% es a su cargo y el 6% restante lo paga el torero. Hubo empresas que ingresaron a la Seguridad esas cantidades incluso cuando contrataban a los matadores en calidad de sociedades anónimas, pero al hacer sus declaraciones fiscales, no pudieron repercutirlas a efectos de desgravación ya que Hacienda no se lo admitía.

Confusión

Otras no ingresaron nada -pues, obviamente, no les correspondía-, pero tampoco lo hicieron los matadores constituídos en sociedad anómima. De esta confusión, en la que no siempre hubo buena fe por parte de empresarios y matadores, se dedujeron gran parte de los descubiertos que afectan a los subalternos.Son numerosos los matadores constituídos en sociedades anónimas y las empresas que cumplen escrupulosamente sus obligaciones, pero el número de actuaciones que suma la totalidad de los subalternos a lo largo de cada temporada es tan grande, que el porcentaje de situaciones irregulares resulta también elevado.

Los matadores constituídos en sociedades anónimas son Espartaco, Joselito, Ortega Cano, Litri, Luis Francisco Esplá, Manili, José Luis Parada, Curro Romero, Rafael de Paula, Fernando Cepeda, Rafi Camino, El Soro, Roberto Domínguez y Víctor Mendes. Los tres últimos seguramente volverán a contratarse como personas fisicas en la temporada 1990.