Un proyecto aparentemente inviable destapó el escándalo de los negocios de Juan Guerra
A mediados de diciembre, el alcalde de Barbate (Cádiz), Serafin Núñez, acudió a la sede del Ministerio de Defensa, en el madrileño paseo de la Castellana, para reunirse con el director general de Infraestructura, Alberto Valdivielso. En la reunión, el alcalde socialista planteó al responsable de Defensa un listado de reivindicaciones en torno al campo de maniobras de la sierra de Retín que culminaban, lisa y llanamente, con su total desmantelamiento. La respuesta de Valdivielso fue tajante: Defensa considera innegociable el mantenimiento del campo de El Retín, el único que tiene la Armada para maniobras de adiestramiento anfibio y en el que se realizan ejercicios con tiro real desde el mar a la costa.
Las 5.346 hectáreas que conforman el campo de maniobras, casi un 40% del término municipal de Barbate, fueron expropiadas por decisión del Consejo de Ministros de 31 de julio de 1981, en un momento en que nada auguraba el desarrollo turístico de la zona y en que el precio del suelo no había iniciado su escalada especulativa. Dando por bueno lo que hizo el Gobierno de UCD, en Defensa no quieren ni oír hablar ahora de la posibilidad de buscar un nuevo emplazamiento.Sentada esta premisa, la conversación entre el alcalde de Barbate y el director de Infraestructura derivó hacia las medidas que podrían adoptarse para paliar los inconvenientes que plantea la existencia del campo de maniobras.Fuentes de Defensa aseguran que el alcalde de Barbate no hizo alusión alguna al proyecto de urbanización Puerto Zahara, cuyo protocolo de intenciones era aprobado pocos días después, el 30 de diciembre, por el pleno del Ayuntamiento. El proyecto, cuyo coste estimado se cifra en 8.000 millones de pesetas, incluye la construcción de un complejo turístico con viviendas, hoteles, restaurantes, bares, tiendas, un puerto deportivo y una laguna, sobre una superficie, en principio, de 69 hectáreas, de propiedad municipal en parte y particular; ( ... ) sin perjuicio de una posterior ocupación de terrenos circundantes, propiedad del Ministerio de Defensa, con una superficie de 1.105 hectáreas, aproximadamente". "Respecto a estos últimos terrenos", agrega el protocolo firmado por la empresa promotora de la urbanización y por el alcalde, "el compromiso municipal se reduce a una mera función de gestión ante el Ministerio de Defensa".Urbanizar un campo militarNo fue el departamento que dirige Narcís Serra el único sorprendido al saber, a través de la Prensa, según sus responsables, que el Ayuntamiento de Barbate pretendía urbanizar un campo de maniobras militares. También el único concejal del CDS, Alonso Varo, que como los restantes ediles de la oposición conoció el proyecto horas antes de su presentación en pleno, expresó su estupor por el hecho de que el alcalde presentara como propia una iniciativa que llevaba dos años bloqueando.
Serafin Núñez explicó, en el mismo pleno, la razón de su cambio de actitud: detrás del proyecto había gente influyente que garantizaba su viabilidad; nada menos que el propio Juan Guerra, hermano del vicepresidente del Gobierno. Algunos vecinos opinan que la desafortunada mención a Guerra fue una venganza del alcalde -un ayudante de farmacia que no oculta su ambición de convertirse en presidente de la Diputación Provincial y que tiene su despacho repleto de fotograflas junto a significados líderes socialistas- por el abandono en que le han dejado instituciones gobernadas por el PSOE, como la Junta de Andalucía o el propio Gobierno.
Ya con el escándalo en la calle, el alcalde reconoció públicamente que Juan Guerra le llamó por teléfono en septiembre pasado para pedirle que recibiera a unos amigos suyos interesados en la construcción de un complejo urbanístico. Núflez recibió a los promotores de Puerto Zahara, entre los que figuran José Garrído López, socio de Juan Guerra en la empresa Construcción Modular Andaluza, y el ciudadano francés, residente en San Roque, Pierre René Elbaz de Jian. Inmediatamente se llegó a un acuerdo con el Ayuntamiento y el 11 de diciembre se presentaba en la oficina técnica municipal el anteproyecto definitivo, en el que se reconoce que algunas de las zonas afectadas "se negociarán con el Ministerio de Defensa", propietario de las mismas.
Serafín Núñez asegura que su cambio de actitud ante el proyecto no se debe a la intervención de Juan Guerra, sino al hecho de que los nuevos promotores, al contrario que quienes les antecedieron en la empresa, se ciñen a los requisitos municipales.
En todo caso, y a pesar del visto bueno municipal, el proyecto Puerto de la Plata sigue tropezando con la negativa del Ministerio de Defensa a desmantelar el campo de maniobras. Esta negativa, según empresarios del sector, hace inviable la urbanización, no sólo porque la mayor parte de la misma debía asentarse en terrenos militares, sino también porque, aún en el caso de que ésta quedara limitada a las 69 hectáreas exteriores al polígono, las molestias y el peligro inherentes a la proximidad de la zona de ejercicios -en la que se realizan vuelos rasantes y disparos con fuego real- la harían escasamente atractiva para los eventuales clientes.
Sólo la aparición de Juan Guerra, y la confianza desmedida de Serafín Núñez en la influencia del hermano del vicepresidente del Gobierno, podrían explicar la decisión del alcalde de embarcarse en una iniciativa sobre cuyo futuro no podía albergar dudas, a juzgar por la correspondencia que él mismo mantuvo durante el último año con Defensa.
En una larga carta remitida a Narcís Serra el pasado 25 de febrero, en la que pintaba con tintes sombríos la situación del pueblo y advertía sobre la inminencia de "movilizaciones de masas que amenazan con menoscabar sensiblemente el orden público", Serafín Núñez proponía el traslado del polígono a la zona de las Dunas de Tarifa, que "reúne las condiciones idóneas para la ubicación de un campo de tiro para la Armada". En respuesta firmada el 1 de junio, el director de Relaciones Informativas de Defensa, Lluís Reverter, le advertía que el traslado "parece bastante complicado, toda vez que sería reducir las 5.000 hectáreas actuales [del campo] a sólo 1.000".
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