El Parlamento democrático chileno no podrá juzgar los actos del régimen de Pinochet
El Gobierno electo del presidente Patricio Aylwin encontrará los primeros obstáculos en una transición a la democracia. En un fallo que no por esperado molestó menos a las futuras autoridades, el Tribunal Constitucional aprobó el jueves una controvertida ley que impedirá al Parlamento juzgar los actos del Gobierno del general Pinochet.
Al mismo tiempo, los siete miembros de este tribunal, que fue formado por el régimen militar, respaldaron el nombramiento de los nueve senadores designados que hizo el Gobierno saliente de Pinochet.Con esta resolución, la coalición que apoya a Aylwin pierde la mayoría en el Senado que había ganado en las urnas, en diciembre pasado.
Un tercer fallo del Tribunal Constitucional fue también adverso a las nuevas autoridades, al establecer que la ceremonia de transmisión de la presidencia se debe realizar el 11 de marzo próximo. Como estas resoluciones son inapelables, el general Pinochet será quien entregue la banda presidencial a Aylwin durante la ceremonia oficial.
La oposición y el Gobierno esperan la asistencia de al menos unos 10 mandatarios al acto, entre ellos el canciller de la República Federal de Alemania, Helmut Kohl, el vicepresidente de EE UU, Dan Qayle, y varios presidentes latinoamericanos.
La ley sobre funcionamiento del Congreso, que eliminó el papel fiscalizador en la Cámara de Diputados sobre los hechos del Gobierno previos al 11 de marzo, fecha en que comienza a funcionar el Parlamento, impedirá investigar los actos administrativos de los funcionarios del régimen militar.
La disposición "atenta contra la ética política", criticó el presidente del Partido Democristiano, Andrés Zaldívar.
Según él, otorga impunidad: "Cualquier funcionario puede cometer cualquier delito de aquí al 11 de marzo y no va a tener ninguna responsabilidad. No es que lo esté aconsejando, pero puede robarse el arca fiscal completa y nosotros no podríamos fiscalizarlo", afirmó Zaldívar, quien fue senador electo por Santiago.
La aprobación de la ley sobre las fuerzas armadas fue otro tropiezo en la transición. Después de que el régimen, el Gobierno electo y la derecha hubieran llegado a un consenso sobre esta ley, la Junta de Gobierno la aprobó con modificaciones respecto del texto en que hubo acuerdo.
