El episcopado desea prorrogar por un año el actual sistema de subvención del Estado hacia la Iglesia

La comisión mixta técnico-política Iglesia-Gobierno se reunirá en los próximos días para abordar la situación de la asignación tributaria conocida como impuesto religioso. En el fondo de los temas a tratar figura una probable prórroga por un año, hasta 1991, de la dotación presupuestaria que la Iglesia percibe de la Administración para completar los 14.000 millones de pesetas estipulados en los acuerdos suscritos en 1979 entre España y el Vaticano. En concepto de asignación tributaria, la confesión católica recibió más de 6.000 millones en el ejercicio correspondiente a 1987, mientras que los restantes 8.000 fueron dotación del Estado.

Esta petición de prórroga se desprende de las manifestaciones realizadas ayer por. el obispo secretario de la Conferencia Episcopal, Agustín García Gasco. El motivo de solicitar este aplazamiento se fundamenta en el hecho de que este año resultará prácticamente imposible modificar el 0,52% de la cuota íntegra del Impuesto sobre el Rendimiento de las Personas Físicas (IRPF) en lo que al impuesto religioso se refiere. El fundamento de este problema reside en que la última declaración de la renta se efectuó a finales de noviembre y no se pudo incrementar el porcentaje, según la Administración."Los resultados de la declaración del año pasado no se conocerán hasta dentro de unos meses", declaró ayer el director general de Asuntos Religiosos, Luis María de Zavala. Según el director general, este año va a resultar difícil tener un sondeo listo sobre lo que la Iglesia católica percibirá directamente de los contribuyentes para que la modificación del 0,52% se pueda incluir en la ley de Presupuestos Generales del Estado.

Los acuerdos suscritos en 1979 entre ambos Estados obligan al Gobierno a que la Iglesia perciba una "cuantía similar" a la que venía recibiendo con anterioridad, más un pequeño incremento anual, en relación con el Índice de Precios al Consumo (IPC), y que ahora se cifra en unos 14.000 millones de pesetas. La declaración a realizar este año es la última, según los acuerdos Estado-Santa Sede, en que el porcentaje del impuesto religioso es susceptible de ser modificado, puesto que será el tercer año.

Zavala se mostró cauto en el tema de la prórroga, aunque no la descartó debido a los problemas de procedimiento surgidos en el último año. En la próxima reunión de la comisión mixta técnico-política estarán presentes asesores eclesiásticos, así como expertos del Ministerio de Hacienda.

El director general de Asuntos Religiosos manifestó que en la entrevista que ayer mantuvo con García Gasco informó al secretario del Episcopado sobre el tema de las desgravaciones fiscales por donaciones a la Iglesia católica, un asunto que la Administración intenta poner en marcha con otras dos confesiones, protestantes y judíos.

De esta fórmula ya se había mostrado partidario García Gasco, quien así lo expresó en una entrevista mantenida el pasado año con el secretario de Estado de Hacienda, José Borrell.