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Editorial:

Cumplir promesas

EL ANUNCIO hecho por el presidente de El Salvador, Alfredo Cristiani, de que han sido detenidos Varios militares presuntamente implicados en la matanza de seis jesuitas (de los cuales, cinco eran españoles) y dos mujeres en la Universidad Centroamericana el pasado 16 de noviembre ha sido acogido por el ministro de Exteriores español como el "cumplimiento de una promesa": la investigación y, se supone, el esclarecimiento del crimen. Se ha dado así el considerable paso de reconocer oficialmente lo que todo el mundo sabía desde el primer momento; es decir, que el Ejército salvadoreño, responsable de un cúmulo de atrocidades a lo largo de los pasados 10 años, es reo asimismo de esta última.Será necesaria una mayor perspectiva histórica para analizar el proceso de guerra civil en El Salvador y el grado de culpabilidad de sus dos protagonistas: la guerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) y el Ejército, sustentado ideológicamente en la extrema derecha. En cualquier caso, ejemplos como los de los asesinatos de jesuitas en Guatemala, que están en el origen de la quema de la Embajada de España en dicho país hace 10 años; el del arzobispo de San Salvador Óscar Romero, y el de los jesuitas y las dos infortunadas testigos, que ahora se empieza a esclarecer, ratifican la convicción de que, para los militares centroamericanos, Iglesia es equiparable a subversión.

Por ello, la declaración del presidente Cristiani debe ser tomada con relativo optimismo, hasta tanto los resultados de la investigación no se concreten en inculpaciones personales y en su rápido enjuiciamiento. No debe olvidarse que la muerte de óscar Romero sigue sin esclarecerse, por más que todo el mundo sepa quién fue el asesino: la organización de extrema derecha Arena, partido al que pertenece el hoy presidente de la República. Anunciar que han sido detenidos algunos oficiales y varios soldados, sin dar sus nombres, induce a la justificada sospecha de que el número de inculpados puede variar arbitrariamente en función de presiones o conveniencias políticas. Crear, para enjuiciarlos, un tribunal de honor de compañeros de armas, cuando lo que debe hacerse es aplicar simplemente la legislación penal, sugiere que será fácil despachar el asunto con expulsiones y degradaciones, que estarían lejos de ser un castigo merecido. Involucrar en el proceso la lucha del presidente Cristiani por el control del Ejército puede dilatarlo ad calendas graecas.

Con todo, es preciso conceder al presidente el beneficio de la duda y reconocer que ha actuado con rapidez y valentía. Que ello sea debido a presiones de España y, sobre todo, de Estados Unidos, cuyo papel de apoyo al Ejército quedaría en entredicho si pareciera que condona el crimen, es irrelevante. Lo significativo es que lo ha hecho y que arriesga mucho en el envite. No puede, sin embargo, quedarse a medio camino. Una vez encauzado el caso, no le cabe más salida que proceder con celeridad y abiertamente. Sólo así podrá sacudirse de encima el estigma de pertenecer a una organización política cuya historia está cargada de crímenes de lesa humanidad; sólo así adquirirá al tiempo la autoridad moral necesaria para forzar a la guerrilla y al Ejército a deponer las armas y a abrir el camino de la paz para El Salvador.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 11 de enero de 1990