La oscura historia de las loterías de la Generalitat

EL PAÍS, La agria polémica que ha rodeado, desde su Creación en 1987, a las loterías públicas catalanas tiene su origen en la propia composición de la empresa privada a la que se adjudicó su gestión -Luditec, SA- y las condiciones económicas del contrato firmado con la Entidad Autónoma de Juegos y Apuestas (EAJA) de la Generalitat, que todos los partidos de la oposición coincidieron en calificar como lesivas para las arcas públicas.

La comisión investigadora creada en noviembre de 1987 por el Parlamento catalán no consiguió demostrar ninguna de las graves sospechas planteadas por la oposición -sugiriendo implicaciones personales de altos cargos de la Generalitat en la operación-, pero tampoco las despejó del todo. La oposición acusó a CiU de obstaculizar sistemáticamente el trabajo de la comisión.

Arturo Suqué, presidente de la sociedad Inverama, SA -que explota los tres casinos de Cataluña-, lo es a su vez de la empresa Luditec. Esta coincidencia provocó de partida la acusación contra el Gobierno de la Generalitat de fomentar el monopolio en el sector del juego. Actualmente, y según el ex director financiero de Casinos de Cataluña, SA, Jaime Sentís, Inverama posee el 36% de las acciones de Luditec y es el socio mayoritario.

Según los datos proporcionados por el entonces conseller de Gobernación, Agustí Bassols, en noviembre de 1987 Inverama poseía el 44% de las acciones. El resto, se repartía de la siguiente forma: Imperial Trading and Development, el 33%; Inversions Ponent, SA (propietaria del casino de Mallorca), el 22%; y la Caixa de Barcelona y el Banco Hispano Americano, el 1%.

La composición de la empresa Imperial Trading, una sociedad instrumental radicada en Belfast (Irlanda del Norte) que es propiedad a su vez de otra sociedad similar denominada Mantelletta -con idénticos accionistas-, y sus relaciones con otras empresas intermediarias radicadas un paraísos fiscales -como Dentech, que importa para Luditec las papeletas de la loto-rápid, fabricadas por la empresa canadiense Pollard- estimularon las sospechas sobre los intereses que podrían ocultarse tras este entramado.

El diputado socialista y secretario de organización del PSC, Josep Maria Sala, se refirió en unas declaraciones a los "bolsillos poco honorables de ciudadanos catalanes", a quienes irían a parar los beneficios del juego. Ello le valió, la presentación de una demanda por injurias por parte del secretario general de la Presidencia de la Generalitat, Lluís Prenafeta, que finalmente fue retirada.