Managua pide la reunión del Consejo de Seguridad por el ataque a la embajada
Nicaragua ha pedido la convocatoria del Consejo de Seguridad de la ONU y del consejo de la Organización de Estados Americanos (OEA) para que debatan sobre el allanamiento perpetrado por tropas norteamericanas en la residencia del embajador del país centroamericano en Panamá, Antenor Ferrey.El presidente nicaragüense, Daniel Ortega, aseguró ayer que Ferrey denunciará ante los dos organismos internacionales "la injustificable e ¡legal violación", ocurrida el pasado viernes, y que fue seguida por la decisión de Managua de expulsar a 20 diplomáticos norteamericanos y de limitar de 320 a 100 personas los efectivos de servicio técnico y administrativo de la representación estadounidense en Managua. Ortega aseguró también que soldados de EE UU allanaron el domingo un apartamento donde residen los agregados de la Embajada en Panamá y de la secretaria del embajador.
En este clima de tensión entre Washington y Managua, la principal candidata presidencial de la oposición nicaragüense, Violeta Chamorro, se disponía a viajar hoy a Estados Unidos para ser tratada de una "pequeña fractura" de rótula en su pierna derecha. Está previsto que sea sometida a una intervención quirúrgica, que al parecer no reviste gran riesgo, en un hospital de Houston (Tejas). El incidente puede alterar sustancialmente la campaña de Chamorro para las elecciones del 25 de febrero.
Condena sandinista
Entre tanto, el Gobierno nicaragüense condenaba ayer el ataque perpetrado el día anterior por unos 10 o 15 guerrilleros antisandinistas contra un grupo de religiosos que vivía en la costa atlántica del país. En la emboscada murieron dos religiosas: Maureen Courtney, norteamericana, de 45 años, y Teresa Rosales, nicaragüense. En el mismo incidente resultó herido el obispo norteamericano de Bluefields, Pablo Schmitz Simons, y otra religiosa nicaragüense, Francisca Calomer, ambas pertenecientes a la orden de Santa Inés.
La contra negó desde Miami (Florida, EE UU) tener relación alguna con estas muertes, pero Managua responsabiliza a Washington por el apoyo que presta a la guerrilla. El Gobierno sandinista considera que "este hecho pone en peligro el proceso de paz regional", y llama a la comunidad internacional a que condene este "crimen brutal, semejante al cometido por el Ejército salvadoreño contra seis jesuitas" el 16 de noviembre pasado.
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