Más de 24.000 ancianos esperan para ingresar en una residencia pública

Más de 24.000 ancianos esperan ingresar en una residencia pública para la tercera edad, según se desprende de un informe sobre la situación de los centros geriátricos privados y públicos elaborado por el Defensor del Pueblo. El estudio, remitido ayer a los presidentes de las comunidades autónomas y al Ministerio de Asuntos Sociales, será presentado hoy.

La institución ha visitado, de manera imprevista y durante el año que ahora acaba, 18 residencias públicas, una por comunidad autónoma y dos en el caso de Madrid. El sector público oferta el 40% de las plazas, con 16.797 propias y 660 concertadas, según datos de 1988.El informe recoge el estado de las instalaciones, mobiliario y servicios de los centros, la alimentación y atención médica que se les ofrece a los ancianos, el personal que se encuentra a su servicio, las medidas de protección y evacuación en caso de incendio y los accesos a las dependencias de las residencias. El abultado informe -400 páginas- revisa también la regulación de las residencias privadas de ancianos. La situación de los centros estudiados es "irregular, aunque mejor en el caso de las residencias públicos", matizó ayer un portavoz de la institución, quien recalcó el hecho "muy negativo" de que exista una lista de espera tan numerosa.

España contará ya, en 1990, con 5.202.424 ancianos y carece de 100.000 plazas en residencias para atender la demanda existente. El nivel establecido por la Comunidad Europa es de cinco plazas por cada 100 ancianos, mientras que España cuenta con 2,49 plazas para idéntico número.

La Prensa se ha hecho eco, en los últimos meses, de casos de graves deficiencias en residencias geriátricas. En septiembre, una comisión judicial descubrió que 15 ancianas vivían en condiciones infrahumanas en la residencia Alba, en Barcelona. A finales de octubre, el cadáver de un anciano permaneció cuatro días en una habitación de la residencia de Villaviciosa de Odón (Madrid), sin que nadie se percatase.