Abdicación
LA DECISIÓN de una comisión del Senado de Colombia de proponer al pleno de la Cámara que someta a referéndum la extradición de sus n arcotrafic antes puede constituir el primer paso hacia una abdicación del Estado ante la sangrienta guerra declarada por una banda de delincuentes contra las instituciones y contra la sociedad colombiana en general. No sorprende que el gesto -apropiadamente bautizado como la narcopropuesta- haya sido públicamente aplaudido por sus sujetos pasivos, los extraditables miembros de los cárteles de la droga. Enfrentados con él, los líderes de los principales partidos políticos colombianos, el liberal Turbay Ayala y el conservador Pastrana, han dimitido; es una decisión que les honra y que, probablemente, pone gravemente en peligro sus vidas.El referéndum va a constituir, en realidad, un plebiscito para que el pueblo colombiano, aterrorizado por una pandilla de asesinos, legimite con su voto la lucha emprendida por los traficantes de drogas contra el poder legítimo, la democracia y la libertad. Cuando se considera que el conjunto de los narcotraficantes colombianos le-tiene formalmente declarada la guerra al Gobierno hasta tanto no anule la medida de la extradición, la convocatoria de una consulta popular, nada menos que para dentro de 10 meses, augura un baño de sangre inacabable. Es conocido que los integrantes del cártel de Medellín prefieren la siembra de bombas al reparto de pasquines como método de propaganda electoral. A ese paso, el 30 de septiembre de 1990 quedarán pocos colombianos para votar. Un Estado de derecho no puede rendirse incondicionalmente al dictado del crimen. Y aunque es cierto que pocos son los Estados que entregan a sus propios ciudadanos a la justicia de otros, las inistituciones democráticas no pueden traspasar sus responsabilidades en una decisión de tal calibre a un pueblo rehén de la violencia criminal.
