Los investigadores españoles de la matanza de los jesuitas aún no están en El Salvador

La declaración del coronel Ponce, el máximo jefe militar, ha sido solicitada por el fiscal del caso, Mauricio Colorado, con objeto de determinar qué unidades, y bajo qué mandos, se encontraban en los alrededores de la UCA en el momento en que los asesinos perpetraron el crimen. El juez a cargo del sumario, Ricardo Zamora, ha llamado también a declarar al obispo Gregorio Rosa Chávez, quien en días pasados dijo conocer algunos de los hombres de los militares que dirigieron la operación.Estas iniciativas se producen unos días después de que la Oficina de Tutela Legal del Arzobispado elaborase un completo informe sobre la matanza en el que se concluía que "los responsables del asesinato de los seis sacerdotes jesuitas y de las dos empleadas de servicio fueron elementos militares pertenecientes a las Fuerzas Armadas".

Acusación concreta

Un documento anterior firmado clandestinamente por un llamado "comando de oficiales jóvenes" precisaba que "el responsable de hacer ejecutar el crimen fue el coronel Heriberto Hernández, director de la Policía de Hacienda y los ejecutantes fueron efectivos de ese cuerpo de seguridad al mando del capitán Alfonso Chávez García". La Policía de Hacienda controla el edificio Torre de la Democracia, situado a unos pocos metros de la entrada principal de la UCA.

Portavoces oficiales de las Fuerzas Armadas descalificaron posteriormente a los firmantes de ese manifiesto, mientras que el coronel Hernández atribuyó el múltiple asesinato a un comando del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) que habría penetrado en la UCA antes de la entrada en vigor del toque de queda.

Observadores y fuentes próximas a las víctimas relacionan el avance de la investigación con el interés mostrado por Estados Unidos para que la matanza no quede completamente impune. Dos oficiales del FBI participaron y supervisaron la autopsia de los cadáveres de los seis jesuitas. Aunque oficialmente la Embajada norteamericana en San Salvador no quiere facilitar datos al respecto, ha trascendido que al menos un policía norteamericano, un natural salvatoreño nacionalizado en Estados Unidos y de apellido latino, se encuentra actualmente en El Salvador como asesor de la Comisión Investigadora del Delito.

Según fuentes que siguen de cerca la investigación, este funcionario de Estados Unidos ha interrogado ya a algunos de los oficiales que rodeaban la UCA en el momento del asesinato y ha obtenido testimonios contradictorios que dejan dudas sobre su responsabilidad. Uno de los oficiales, por ejemplo, mencionó su presencia, durante las horas del crimen, en un combate que, según se comprobó posteriormente, no había existido.

Son, al parecer, las averiguaciones hechas por los norteamericanos las que llevan a orientar la investigación por el lado de las unidades que se encontraban próximas a la UCA, lo que podría afectar finalmente a la Policía de Hacienda.

Mientras esto se desarrolla, el Gobierno español no ha enviado todavía a El Salvador los asesores que le pidió el Gobierno de Alfredo Cristiani. Según la información de fuentes diplomáticas, tras la solicitud hecha personalmente por Cristiani a Inocencio Arias inmediatamente después del crimen, el Gobierno español demandó una petición por escrito y más específica.

La respuesta salvadoreña fue un informe en el que, según las mismas fuentes, se hacían peticiones "desorbitadas en número y medios" a las que España no podía dar satisfacción. Ante esa situación, el Gobierno español está pensando qué tipo de asesoramiento ofrecer: una o varias personas, investigadores o técnicos, policías o militares. Los jesuitas en El Salvador han pedido que, al menos uno de los asesores enviados por España, sea un militar o un experto en asuntos militares, capaz de determinar con precisión el tipo de armas utilizadas en la matanza, lo que acotaría mucho las responsabilidades y, sobre todo, serviría para contrarestar la influencia de los investigadores norteamericanos, que tratan, según observadores, de dar un cierto manejo político al caso.

De acuerdo al informe de Tutela Legal del Arzobispado, todos los casquillos encontrados en la UCA corresponden a proyectiles fabricados en Lacter City, en la fábrica Lake, propiedad del Gobierno de EE UU.

La testigo, interrogada

Los funcionarios norteamericanos, muy preocupados por el problema de imagen en su país y por la manera en que este caso puede afectar a las relaciones entre Estados Unidos y el Gobierno de Cristiani, están impulsando una rápida investigación, pero, al mismo tiempo, desean que ésta se centre todo lo posible en un grupo de oficiales a los que se pueda culpar de los asesinatos, sin buscar otras responsabilidades superiores.

El padre provincial de los jesuitas en Centroamérica, José María Tojeira, ha expresado su "malestar" por la forma en que Estados Unidos trató a la testigo que fue enviada a Miami. Lucía Barrera, quien confesó en su declaración que vio cómo hombres con uniformes del Ejército cometían los crímenes, fue aislada en. un hotel de lujo durante una semana y sometida a varios interrogatorios diarios y, dos veces, a un detector de mentiras.

La testigo, una mujer humilde y analfabeta, se contradijo varias veces en esas declaraciones y, como consecuencia, los investigadores norteamericanos han advertido que su testimonio no tiene una gran validez. Los jesuitas temen que Estados Unidos maneje de la misma forma otras circunstancias de la investigación en función de intereses políticos.