Gobierno y oposición panameños acusan a EE UU de violar el tratado del Canal

El Gobierno y la oposición de Panamá rechazaron ayer la designación unilateral norteamericana del panameño Fernando Manfredo como administrador del canal de Panamá a partir del 1 de enero próximo. La Casa Blanca vetó el martes a Tomás Altamirano Duque, que había sido propuesto para el cargo por la Asamblea panameña.

Tanto el Gobierno como la oposición reaccionaron de inmediato acusando a Estados Unidos de violar, con esa designación, los tratados Torrijos-Carter sobre la devolución a Panamá del canal interoceánico en uno de sus acuerdos esenciales, que es el nombramiento, por primera vez, de un administrador del Canal que sea panameño y designado por las autoridades de este país y ratificado por el presidente norteamericano. Manfredo, actual subadministrador, de 62 años, sustituirá al general retirado norteamericano Dennis McAuliffe, que ocupó el cargo desde 1979.

En una inesperada declaración, la oposición, al rechazar el nombramiento, formuló un llamamiento a los militares que controlan el Gobierno civil para que reinicien conversaciones "en virtud de las cuales se dé comienzo inmediatamente a la democratización de nuestro país de manera que nada pueda entorpecer la plena nacionalización de nuestro canal, de acuerdo con el estricto cumplimiento de los tratados vigentes".

Causa común

El Gobierno y la oposición celebraron a mediados de año negociaciones directas arbitradas por la Organización de Estados Americanos (OEA). Sin embargo, no lograron ningún acuerdo. La oposición se negó a firmar una declaración de condena a la injerencia de Estados Unidos en los asuntos panameños internos, y el Gobierno dio largas a la propuesta de la oposición para que se estipulara el retiro del general Manuel Antonio Noriega de la comandancia de las fuerzas de defensa. Demanda en la que han hecho causa común la Casa Blanca y la oposición.

La presidencia de Panamá subrayó que la designación unilateral del Gobierno norteamericano de nombrar a Manfredo "demuestra el desprecio del Gobierno de Estados Unidos por los principios fundamentales del derecho internacional y constituye una burla a una de las conquistas esenciales del pueblo panameño contenidas en esos tratados".

Desde que estalló la crisis panameña en junio de 1987, la oposición ha guardado poca distancia en torno a la política exterior norteamericana, particularmente respecto a las sanciones económicas y al hostigamiento militar para echar a Noriega.