El Estado y la distribución

Además, a la hora de interpretar la significación de cualquier indicador de distribución del producto interior bruto (PIB), hay que tener en cuenta la acción del Estado, ya que en una sociedad moderna hace tiempo que los bienes y servicios de consumo individual dejaron de constituir la forma casi exclusiva de participación en la riqueza y el bienestar del país; antes al contrario, los bienes y servicios públicos son elementos de importancia creciente en el nivel y la calidad de vida de la población.La desconfianza hacia el Estado, debida a la larga duración de la etapa autoritaria anterior a la Constitución de 1978, explica en parte la renuencia a considerar los bienes de uso público como parte -no divisible pero fundamental- del bienestar, con la peculiaridad además de que su disfrute suele resultar más igualitario y menos discriminatorio que el de los bienes y servicios divisibles, lo que los convierte en un vehículo de solidaridad. Bien es verdad que ello implica un sacrificio de renuncia y de aportación financiera por parte de aquellos mejor situados en el núcleo de la actividad productiva, ya como empresarios, ya como asalariados.

Ésta es quizá una de las principales razones que explican el que en países en los que el Estado del bienestar y la expansión de los servicios públicos incurren en retrasos, la principal forma de participación sea la salarial, mientras que en los países más avanzados se llega a un equilibrio que otorga mayor peso a la distribución indirecta, a través del sector público, que a la distribución directa, que prima la vía individual de consecución del bienestar. Esto comporta además la ventaja adicional de que la acción pública es más propensa a la creación de empleo.

El avance de los gastos públicos totales en España ha duplicado en 15 años al registrado en los países que formaban parte de la CE con anterioridad a nuestro ingreso (se excluye Grecia por falta de datos), como se ve en el cuadro 4. La comparación refleja el paso de un diferencial de 17 puntos del PIB en 1970 a otro de siete puntos en 1985, año en que, frente a un gasto público equivalente al 50%. del PIB en los nueve, España alcanzó el 42,6%.

Naturalmente que el crecimiento de 20 puntos que se, produce en el peso del gasto público español durante esos 15 años tiene mucho mayor impacto redistributivo que la variación en la participación salarial.

Con toda probabilidad, ésta es la explicación de la diferencia de pautas de Comportamiento en la distribución que se observaba en el gráfico de ayer. La aproximación de España a la pauta de los países más desarrollados se ha realizado a través del doble movimiento que se reflejaba allí y de esta aproximación en los niveles de gasto público.

La financiacióín de estos gastos, en la medida en que se realiza a través de la presión fiscal de las administraciones centrales, se recoge en el cuadro 5, que incluye una proyección hasta el año de 1992.

Muy probablemente, la evolución de la participación de los trabajadores asalariados con empleo en la riqueza nacional no es tributaria principalmente de la acción del Estado,sobre todo en tiempos de expansión económica. Para lo que es necesaria esta acción es: a) para lograr que el mayor número de personas puedan acceder al empleo, propiciando una distribución óptima de la riqueza destinada a esa función; b) para garantizar a largo p lazo el mantenimiento de altos niveles de empleo; c) para canalizar hacia las personas inactivas o temporalmente excluidas del mercado de trabajo prestaciones y recursos adecuados, y d) para proporcionar bienes y servicios suficientes.

Sin embargo, el nivel de bienes y servicios públicos que podemos financiar en España -incluso aunque tuviéramos actualmente el mismo gasto público relativo- es inferior al de la media de aquellos nueve países de la CE, porque nuestro propio producto por habitante equivalía en 1985 a las dos terceras partes del suyo, con paridad de poder adquisitivo.

Por tanto, a la acción en favor de la equidad que se persigue con la mejor distribución hay que añadirle una actuación de la colectividad y de los poderes públicos que logren el mayor crecimiento posible del empleo, porque la situación actual es un auténtico derroche de recursos humanos, que mantiene muy bajo todavía el nivel de bienestar que proporciona nuestra economía frente al potencial disponible. Ése es precisamente el objetivo de la acción del Estado sobre la economía: adecuar los fines de la acción privada al interés general.