El Gobierno se niega a entregar al Tribunal Supremo el expediente de anchuras y alega que es secreto

El Gobierno se ha negado a entregar al Tribunal Supremo el expediente completo a partir del cual adoptó la decisión de instalar un polígono de tiro para el Ejército del Aire en el municipio de Anchuras (Ciudad Real), con el argumento de que ha sido clasificado como secreto, según ha podido saber EL PAÍS de fuentes oficiales. En una providencia dictada el pasado día 10, la Sección Segunda de la Sala Tercera del Supremo emplazó al Gobierno a que le remitiera el citado expediente en un plazo de 20 días y le advertía de la responsabilidad en que podría incurrir si se negaba a hacerlo.

El Ministerio para las Relaciones con las Cortes, en funciones de Secretaría del Gobierno, remitió el pasado sábado a la Sección Segunda de la Sala Tercera del Tribunal Supremo un escrito en el que manifiesta que no puede atender su petición de entregarle el expediente sobre declaración de parte del municipio de Anchuras como zona de interés para la Defensa Nacional, con objeto de instalar un polígono de tiro para el Ejército del Aire, por haber sido clasificado secreto.El Gobierno recuerda en el mismo escrito que la propia Sala Tercera aceptó anteriormente este criterio y le vuelve a remitir una fotocopia del real decreto de julio de 1986 sobre Anchuras, y otra de la resolución del Ejecutivo por la que se rechazó el recurso de reposición planteado por el Ayuntamiento de esta localidad, documentos ambos que fueron considerados insuficientes por el Supremo.

El escrito del Gobierno es respuesta a una providencia dictada por la citada Sala del Supremo con fecha 10 de noviembre en la que se reclamaba "la remisión del expediente completo [sobre Anchuras] en el plazo de 20 días", por cuanto la documentación entregada hasta ahora "constituye sólo una parte de aquél, el cual se necesita en su integridad para poder resolver el recurso interpuesto" por el Ayuntamiento manchego contra el real decreto de julio de 1986.

Multa o desacato

La providencia rogaba al Ministerio de Relaciones con las Cortes; que, "si en aquel departamento no obrase el repetido expediente, se exprese el órgano donde obra, para poder reclamársele" y se advertía "de la directa y personal responsabilidad del jefe de la dependencia en que obre" si no atendiera la petición. El artículo 61 de la ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, invocado por el Supremo, castiga con multa de 500 a 5.000 pesetas al responsable de no remitir a los jueces la documentación solicitada.Aunque esta pena es irrisoria, el mismo artículo faculta al tribunal a acordar "lo demás que proceda para exigir a quien corresponda la responsabilidad a que diere lugar la desobediencia". Dicho párrafo, según medios jurídicos consultados, abre la puerta a un proceso por falta de cooperación con la justicia.

El Gobierno se ha escudado hasta ahora en el carácter secreto del expediente de Anchuras para negar información sobre este tema tanto a los tribunales como al Parlamento. La Sala Tercera del Supremo aceptó este argumento cuando se le negó repetidamente el informe, durante la tramitación de los recursos interpuestos por particulares afectados por el polígono de tiro.

Sin embargo, lo ha vuelto a reclamar, ante la petición del abogado defensor de los intereses del ayuntamiento, Benito Hondarza, quien pidió al tribunal el pasado 3 de octubre "la aplicación inmediata de las medidas coercitivas que la ley pone en sus manos", para obtener el expediente. La razón de este cambio de actitud, en opinión de fuentes próximas a la causa, podría estar en la sustitución de los magistrados encargados del caso.

El real decreto objeto del recurso establece una serie de limitaciones sobre el uso de la zona declarada de interés para la Defensa nacional y faculta al Gobierno a expropiar a los propietarios de las fincas donde va a instalarse el polígono de tiro.