Duelo a muerte en el corral macroeconómico

La desmesura y la confusión se han adueñado de nuestro debate económico. Éste se parece cada vez más a la representación esperpéntica de un duelo en el Oeste, con actores que sobreactúan sobre papeles distribuidos al azar.Soy consciente de que es una osadía, en estas circunstancias, pretender tomar parte en la representación. Los ánimos exaltados, los tics acentuados, las manos en tensión tocando las culatas de los revólveres y sobre todo la excesiva confusión entre ficción y realidad en algunos actores hacen demasiado peligrosa la incursión en la escena del rodaje.

Como el cine del Oeste y el esperpento se encuentran entre mis debilidades, no puedo resistir la tentación de aportar algunas reflexiones al debate sobre nuestra política económica.

Vaya por delante mi opinión de que las profusamente comentadas declaraciones de algunas autoridades económicas, siempre a partir de su reflejo en los medios de comunicación, han sido desequilibradas en la enfatización de los mensajes, quizá innecesariamente ásperas.

Pero ello no evita que muestre mi coincidencia con el análisis expuesto por el ministro de Economía en funciones, que constituye, en mi opinión, un diagnóstico acertado de la situación económica española, plenamente coherente con el programa socialista.

. No obstante, su presentación parece haberse realizado desde el convencimiento de que los ciudadanos prefieren que se les hable de cara, con rigor, franqueza e incluso aspereza, a que se les oculten los problemas, sobre todo si luego observan en los resultados que los esfuerzos y sacrificios han merecido la pena. Y es posible que el ministro tenga razón. Ahora bien, aunque, como en la relación entre médico y paciente, lo fundamental es el acierto en el diagnóstico y la firmeza en el tratamiento, el político está obligado a adaptar su relación con la sociedad a la situación psicológica de ésta.

La economía española se encuentra en un gran momento y con un gran futuro, sin que, los desequilibrios coyunturales empañen el fuerte ritmo de crecimiento, la creación de más de 300.000 puestos de trabajo anuales, el dinamismo empresarial y la recuperación de la inversión pública y privada, que ha pasado en pocos años de representar el 17% del producto interior bruto a alcanzar el 24%.

Ahora bien, el fuerte crecimiento ha acentuado dos desequilibrios que reflejan desajustes de carácter coyuntural y de carácter estructural: el rebrote inflacionista y el creciente déficit exterior, todavía financiado con entradas de capital a largo plazo, pero que parece querer recuperar con urgencia el papel de cuello de botella de nuestro desarrollo que ya disfrutó en el pasado.

El factor coyuntural responsable de la acentuación de esos desequilibrios es el excesivo crecimiento de la demanda interna, por encima de lo que nuestro sistema productivo es capaz de ofrecer de inmediato. El aumento del empleo y del poder adquisitivo, el incremento en el patrimonio de las familias con inmuebles o ciertos activos financieros, la mejora de las expectativas respecto del futuro y la necesidad de renovar un equipamiento familiar obsoleto han reducido el ahorro de las familias. La necesidad de avanzar en las dotaciones de los servicios sociales básicos y de incrementar las transferencias a parados y pensionistas han reducido la capacidad de ahorro del sector público, que, no obstante, se ha recuperado en los últimos años.

El resultado es que, a pesar de la recuperación de la autofinanciación de las empresas, no se ha producido el incremento en el ahorro nacional necesario para financiar el fuerte ritmo de inversión pública y privada.

Inflación

El exceso de demanda genera un efecto inflacionista general, más intenso en los sectores con oferta más rígida (vivienda) o en los no sometidos a competencia internacional (servicios que se consumen donde se producen). No obstante, no se puede despreciar el impacto de la pérdida de la confianza en la previsión de la inflación efectuada por el Gobierno y su abandono como referencia para la negociación salarial y la revisión general de rentas y precios.El exceso de demanda es también responsable fundamental del creciente déficit exterior, al generar una mayor penetración de las importaciones para abastecer la demanda insatisfecha y la reorientación de las empresas hacia el mercado español, en perjuicio de su actividad exportadora.

Indudablemente, el exceso de demanda es posible en la medida en que la política monetaria permite su financiación, y sobre todo porque el sistema productivo está funcionando al límite de su capacidad, estrangulado por unas infraestructuras de transportes y telecomunicaciones y un stock de capital productivo insuficientes, por los desajustes entre las cualificaciones de la demanda y de la oferta de mano de obra, por el déficit tecnológico y por la falta de competitividad de algunos sectores.

El déficit exterior, y en consecuencia, el recurso al ahorro exterior, es lógico en una economía con un fuerte ritmo de capitalización y con necesidad de importar tecnología. Pero su financiación tiene un límite, y sobre todo supone una fuga al exterior de nuestro potencial de crecimiento y generación de empleo.

En esta situación, nuestra política económica para los próximos años se enfrenta al reto de conseguir un crecimiento económico sostenido y equilibrado que permita la creación de empleo, la lucha contra las desigualdades y la elevación del nivel de bienestar de la población.

La política a diseñar implica actuaciones de carácter coyuntural y de carácter estructural: las primeras, dirigidas fundamentalmente a reducir el exceso de demanda y atenuar así el rebrote inflacionista y el desequilibrio exterior; las segundas, orientadas al incremento de la capacidad productiva mediante la reducción de los cuellos de botella y la mejora de la competitividad.

A su formación pretenden contribuir las siguientes consideraciones:

Redistribución

1. Es necesario hacer una política más solidaria, pero debe primar la redistribución de la renta mediante la creación de empleo, la mejora de las pensiones y la calidad de los servicios sociales frente a mayores salarios.2. Nuestra situación económica permite lo anterior sin pérdida de poder adquisitivo para los trabajadores. Para ello, la concertación debe centrarse en la distribución del incremento de la productividad entre salarios y fondos de inversión, formación e investigación, empleo y servicios y prestaciones sociales.

3. Esta moderación salarial sin pérdida de poder adquisitivo es fundamental no sólo para recuperar el retraso en competitividad, sino también para reducir el exceso de demanda y contribuir a la recuperación del ahorro nacional.

4. La recuperación del ahorro nacional a corto plazo, no obstante, debe producirse sobre todo incrementando el ahorro público; es decir, reduciendo el déficit público.

5. La evolución del gasto público debe ser compatible con el objetivo de moderar el crecimiento de la demanda, pero sin renunciar al incremento real del gasto social ni al mantenimiento de los ritmos de inversión pública programados. En la lucha contra el desequilibrio exterior no se puede olvidar el menor componente importado del gasto público frente al gasto privado.

6. La recuperación del ahorro público debe producirse, por tanto, mediante un incremento en la presión fiscal, compatible con el mantenimiento de la presión fiscal individual si se continúa con éxito la lucha contra el fraude.

7. Fijar una previsión de inflación ambiciosa, que reduzca nuestro diferencial con el conjunto de la CE, pero que recupere credibilidad y sea utilizada como referencia en la fijación de rentas y precios, debe permitir que no sea sólo la disciplina monetaria la encargada de conseguir el objetivo prefijado y que la lucha contra la inflación se realice con menor reducción de la actividad económica.

8. La recuperación del retraso en nuestra dotación de infraestructuras de transportes y comunicaciones, la formación de nuestros trabajadores y parados de acuerdo con las necesidades del sistema productivo, la liberalización y el incremento en la eficiencia de nuestro sistema financiero, la reforma del tratamiento. fiscal del ahorro popular, la investigación, la modernización de nuestras estructuras comerciales, la movilización de nuestras empresas a la búsqueda de mercados exteriores, son algunas de las políticas estructurales que deben permitir un crecimiento sostenido de nuestra economía y su plena competitividad en la Europa de 1993.

9. Los fondos de inversión debieran comenzar a abrirse paso en la negociación colectiva en 1990, porque pueden permitir compaginar mejoras en las rentas salariales, moderación en el consumo, autofinanciación empresarial y mayor participación de los trabajadores en las empresas.

10. La concertación social es deseable, no sólo porque puede permitir alcanzar con menor coste mejores resultados en términos económicos y sociales, sino porque favorece la articulación social, la canalización de las demandas sociales, la profundización en la democracia económica y social. Pero es necesario dejar bien claro que no es más progresista el más reivindicativo y que no son deseables acuerdos que hipotequen la senda de progreso que hemos emprendido.