¿Qué política industrial?

LA LUZ verde dada a la planta de la Sociedad Italiana del Vidrio (SIV) en la ría de El Ferrol, tomada en vísperas de las elecciones gallegas, pone de relieve nuevamente los criterios que han regido la política industrial diseñada por el Ejecutivo en los últimos años. El proyecto, que permitirá la recuperación de la actividad en una zona económicamente deprimida tras el cierre de Astano, garantiza, sin embargo, la instalación de la SIV en unas condiciones muy ventajosas: de una inversión global de 17.500 millones de pesetas, el grupo italiano recibirá ayudas públicas españolas por valor de 11.000 millones, al margen de las ayudas complementarias que aporte la Xunta de Galicia.El virtual final de la reconversión, prioritaria en las actuaciones del Ministerio de Industria, ha agotado el modelo de política industrial seguido por los distintos Gobiernos socialistas desde 1982. A lo largo de este período, la Administración ha librado ayudas multimillonarias, ha pactado la reducción de capacidad productiva y fomentado una fuerte reestructuración en la industria española de los sectores en declive (naval, siderurgia, etcétera). El principal grupo industrial español, el INI, ha culminado además su proceso de saneamiento, apoyado por una estrategia de venta de filiales. Y todo esto se ha realizado, insólitamente, sin ningún tipo de debate sobre el papel de la empresa pública en una sociedad como la española; lo que indica, una vez más, el pragmatismo ideológico de los socialistas y la debilidad de una oposición política que ha tragado en este terreno carros y carretas sin mover un músculo y sin enterarse de lo que ocurría. El saneamiento de estas sociedades, trasvasadas después al sector privado, se ha llevado a cabo con la inyección de grandes sumas de dinero del contribuyente.

Una vez agotado el modelo aplicado con las indusidas de chimenea durante casi una década, el nuevo Gobierno ha de redefinir sus modos de actuación. Durante la legislatura que ahora se abre, el Ministerio de Industria necesita abordar, entre otros aspectos, la recomposición fundamental del sector energético -fuertemente endeudado e inviable a medio plazo en su actual estructura- y reflexionar además sobre el papel de una industria pública rentable y saneada con dinero del contribuyente. El primer intento de dibujar una política industrial posreconversión, el llamado Libro Blanco elaborado por el equipo del anterior ministro, Luis Carlos Croissier, se convirtió casi en papel mojado tras el nombramiento de Claudio Aranzadi como responsable del departamento.

El nuevo Ejecutivo ha de reflexionar sobre los instrumentos de política industrial con los que cuenta el ministerio en esta nueva etapa, teniendo en cuenta además que los márgenes de actuación han disminuido como consecuencia de la plena integración de España en la Comunidad Europea. Dos hechos son claves para interpretar el futuro del departamento responsable de la política industrial: en primer lugar, su dependencia de hecho del Ministerio de Economía y Hacienda -responsable último de librar los recursos que han dado margen de acción política-, que supone la subordinación de la estrategia industrial del Gobierno a los dictados de la política macroeconómica.

En segundo lugar, los ministerios de Industria y de Economía deben avanzar conjuntamente en sus políticas horizontales (promocíón tecnológica, apertura a los mercados exteriores, mejora de las redes comerciales, etcétera), en las que, pese a lo ambicioso de los objetivos marcados, se cuenta con partidas presupuestarias simbólicas. En definitiva, se trata de dar el paso para poner en segundo término la reestructuración y llevar a primer plano la reindustrialización, como ocurre en los países de nuestro entorno.