José Borrell afirma que Hacienda no sancionara a las aseguradoras

El secretario de Estado de Hacienda, José Borrell, declaró ayer que Hacienda sancionará sólo a aquellas aseguradoras y entidades que muestren una "actitud obstruccionista o dolosa" con la inspección en materia de: primas únicas.Borrell subrayó que el proceso de inspección abierto a las entidades aseguradoras y e 'as de ahorro no ha concluido y afirmó que hasta que no se terminen las inspecciones y se levanten las correspondientes actas "no podrá determinarse si se aplicarán o no sanciones y en su caso la cuantía de las mismas". "Ni siquiera -dijo- se puede asegurar que la exigencia del pago de retenciones lleve aparejada alguna clase de sanción."

El secretario de Estado de Hacienda reiteró a Efe que los titulares de seguros de prima única podrán deducirse un 20'ó de los rendimientos generados por estas operaciones en su declaración de la renta de 1988.

Ello favorecerá especialmente a unos 350.000 pequeños inversores, para los que esta deducción, dijo, constituye casi la totalidad de los impuestos que debieran satisfacer por los rendimientos de estos activos.

Borrell reconoció que este beneficio fiscal para los contribuyentes plantea un problema a las aseguradoras y cajas que han comercializado este tipo de pólizas, ya que es a ellas a quienes se reclamará el importe de las retenciones. Según estimaciones provisionales, el volumen de estas retenciones podría ascender a unos 40.000 millones de pesetas.

Naturaleza jurídica

El secretario de Estado afirmó que, de acuerdo con los Informes de las inspecciones en curso, los seguros de prima única han actuado por lo general y en la práctica como activos financieros, y no como seguros, por lo que deberían haber estado sometidos a retención fiscal. "Las cosas no son lo que se les llama, sino lo que su verdadera naturaleza juridica y económica determina", afirmó Borrell.

Según las actuaciones inspectoras, la mayoría de las pólizas de prima única carecen del componente de riesgo suficiente para que se puedan catalogar como una operación de seguros.

El secretario de Estado recordó que, tan pronto como concluya la inspección y se levanten las actas correspondientes, se exigirá a las aseguradoras y cajas que resulten afectadas el pago de las retenciones no practicadas.

En el caso de que las entidades se nieguen a ingresar las retenciones exigidas, podrán recurrir al Tribunal Económico Administrativo Central y, posteriormente, a la Audiencia Nacional y al Supremo, que serán en última instancia los que se pronuncien sobre el caso. Las entidades que decidan presentar recurso, según Borrell, deberán entregar, en cualquier caso, un aval por la cantidad requerida, tal y como establece las leyes tributarias.