La reforma argentina

A diferencia de otros planes estabilizadores que conoció Argentina, el actual se caracteriza por la intención declarada del Gobierno de reformar el Estado y reducir el déficit fiscal, causas esenciales del desequilibrio económico y del proceso inflacionario que afecta al país desde años. A pocos meses de gestión del nuevo Gobierno encabezado por Carlos Saúl Menem se ha restablecido la calma en los mercados y se ha detenido el proceso hiperinflacionario que angustiaba a los argentinos. Es cierto que en los primeros tiempos de mandato todo Gobierno cuenta siempre con un respaldo y una credibilidad superior al que dispuso el que lo precedió, y al que tendrá él mismo cuando esté avanzado el período constitucional de seis años.La primera medida tomada por el flamante Gobierno que impresionó favorablemente a la opinión pública fue la integración de un Gabinete de coalición con la participación de sectores conservadores y liberales. Especialmente significativa fue la decisión de entregar la conducción del Ministerio de Economía al poderoso grupo industrial Bunge y Born, y la designación como embajadora itinerante de la señora Amalia L. de Fortabat, importante empresaria de la industria del cemento.

Privatización de empresas públicas, reducción y eliminación de subsidios, racionalización y eficiencia en el gasto público son las banderas esperanzadoras del nuevo Gobierno que sorprendieron a la sociedad argentina, que no podía concebir tal combinación de medidas originadas en un mandatario peronista que llegó al poder con el apoyo incondicional de la poderosa Confederación General del Trabajo. Más sorprendente todavía en un contexto donde debido a la reducción de la actividad industrial y al sobredimensionamiento del aparato estatal, los sindicatos de las empresas públicas cuentan hoy con mayor peso relativo que nunca dentro de la CGT.

En el corto plazo hay dos temas que serán el termómetro adecuado para medir la capacidad del Gobierno para llevar adelante sus planes:

1. La privatización de empresas públicas.

2. La reducción o eliminación de subsidios directos o indirectos que el Estado otorga a algunos grupos industriales a través de sistemas de promoción industrial, como también la desaparición de precios especiales para ciertos consumos -petróleo y algunos de sus derivados-, y de medidas de protección arancelaria o de preferencias en las compras que hace el Estado.

No hay duda que la magnitud de la crisis obliga a soluciones pragmáticas y de urgente aplicación. El presidente Menem sabe que no hay posibilidad de emerger de la crisis conciliando los intereses encontrados. Es lógico entonces que busque alianzas con sectores que tienen intereses perdurables en el país y que se beneficiarán de la reforma del estado.

Acuerdo empresarial

En la decisión de convocar al grupo Bunge y Bom -que ha asumido la responsabilidad de la conducción económica- se define una alianza con quien tiene fuertes inversiones en el país y cuyos intereses están vinculados a la suerte del sector agropecuario.

Por extensión, lo que se busca es un acuerdo con los sectores empresariales que más tienen que perder con el futuro incierto de Argentina, bien porque dependen del mercado interno para colocar sus productos, bien porque tienen fuertes inversiones inmovilizadas, o bien por sus requerimientos de productos para la exportación.

El país es consciente de que la pérdida acumulada en sus empresas públicas ha significado utilidades extraordinarias para contratistas y proveedores, que lejos de consolidar una nueva clase industrial, en la mayoría de los casos se dedicaron a transferir sus riquezas al exterior, generando presión adicional sobre el mercado financiero, y aumentando el nivel de desconfianza.

Se avecina un serio intento por parte de estos sectores, en combinación con algunos grupos sindicales, para mantener la situación de privilegio.

Es especialmente importante garantizar que el proceso de privatización tenga como protagonistas a operadores internacionales prestigiosos y a grupos industriales argentinos con verdadera actividad empresaria. En la eventual selección de estos últimos debería tenerse en cuenta la magnitud del pago de impuestos efectuado en los últimos años -en especial, el que afecta al patrimonio- a fin de medir la importancia y capacidad de estos actores económicos por la decisión dé reinvertir en el país. El patrón de medida para que un empresario pueda ser calificado de progresista es su decisión de reinvertir en el país.

Argentina parece haber reencontrado el camino del crecimiento económico. Se ha recorrido ya un tramo muy diricil que fue el de la consolidación democrática. Ahora se transita la ruta del pragmatismo, sin ataduras principistas anacrónicas o desfasadas con la realidad de un mundo interdependiente donde se están conformando grandes bloques comerciales.

Hay posibilidades de transformar la sociedad argentina, terminando con los grupos privilegiados y buscando una sólida alianza con los sectores que representan intereses perdurables. Si el Gobierno mantiene la firmeza evidenciada hasta este momento se pueden liberar las potencialidades de un país que reúne todas las condiciones para exhibir un futuro promisorio.