Urnas y no tiros

EL ANUNCIO hecho por el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, de poner fin al alto el fuego unilateral decretado por su Gobierno en marzo de 1988 ha causado primero sorpresa y luego consternación. Ortega ha buscado con ese anuncio un golpe de efecto con el máximo impacto internacional, aprovechando para ello la cumbre de presidentes americanos convocada por Óscar Arias en San José de Costa Rica para celebrar el centenario del triunfo de la democracia en este país. Su propia conducta en el desarrollo de la cumbre -singularizándose por su uniforme militar en un país sin ejército- confirma que deseaba presentar, ante el exterior y ante sus conciudadanos, una imagen de hombre fuerte dispuesto a "darle duro a la contra", como dijo en un mitin universitario. Si el objetivo verdadero de Ortega fuese volver a crear un clima de movilización militar en Nicaragua, reanudar las operaciones y dificultar así las elecciones del 25 de febrero, su actitud equivaldría a tirar por tierra los progresos realizados, durante años de esfuerzos, hacia la paz y la democracia en la zona.Pero es probable que su objetivo haya sido sobre todo llamar la atención sobre el recrudecimiento de la actividad agresiva de la contra, cuyos ataques están causando la muerte de muchos campesinos nicaragüenses. Al efectuar tal denuncia, a Ortega no le faltan razones sólidas. Según los acuerdos tomados en Tola por los presidentes centroamericanos, el desmantelamiento de la contra -controlado por una comisión internacional- debía terminar a principios de diciembre. Pero este desmantelamiento está siendo obstaculizado por EE UU, que, despreciando la voluntad de los países de la región, sigue dando su apoyo a la contra, cuyos grupos armados continúan causando daños y sembrando muertes. La política de EE UU es incomprensible desde criterios democráticos: no se puede, por un lado, sostener y financiar a los grupos armados de la contra, y al mismo tiempo, apoyar de manera abierta a la candidata de la oposición, Violeta Chamorro. O lucha armada o elecciones. Pedir limpieza en las elecciones y estimular a los grupos armados es el colmo de la incongruencia.

Si es legítimo que los sandinistas busquen una creciente presión internacional sobre EE UU para que cese el apoyo a la contra, y si nadie debe reprocharles que adopten medidas de seguridad concretas frente a la actividad de los rebeldes, sería un gravísimo error olvidar que su objetivo número uno tiene que ser garantizar unas elecciones intachables. Han dado pasos positivos en este sentido y los observadores internacionales consideran favorables las condiciones en que se prepara la consulta. Por este camino los sandinistas tienen -y lo confirman los sondeos- amplias posibilidades de ganar limpiamente las elecciones. A pesar de una situación económica desastrosa, y del descontento que engendra, conservan la mayor parte de las simpatías populares por haber devuelto al país el sentido de dignidad nacional, que rompe con una triste historia de sumisiones a Estados Unidos. A cuatro meses de los comicios, la actitud y la declaración de Ortega en San José puede también tener motivaciones electorales: demostrar a los sectores duros del sandinismo que no es únicamente un hombre de paz, capaz de hacer concesiones para llegar a un acuerdo con los Gobiernos vecinos, sino que habla fuerte y actúa con energía. Si ése ha sido su objetivo, juega con fuego: es peligroso utilizar reuniones internacionales significativas piara gestos de propaganda.

En todo caso, están en marcha en la actualidad diversas gestiones internacionales, unas públicas y otras privadas, para lograr que Ortega no pase de las palabras a actos irresponsables, y a la vez, para convencer a EE UU de que debe impedir que la contra siga creando una situación insostenible para unas elecciones normales. Cabe esperar que esas gestiones dejen abierta la vía a una solución decidida por los votos, no por los tiros.