El Gobiemo portugués aprueba la privatización total de las empresas estatales

La privatización total de las empresas del sector público y la posibilidad para los accionistas de las empresas nacionalizadas en 1975 de cambiar los títulos de la deuda pública, que recibieron como indemnización, por acciones de las empresas privatizadas son las principales innovaciones introducidas por el Gobierno portugués en el proyecto de ley de las privatizaciones que será sometido al Parlamento de Lisboa.

La nueva legislación, que resulta de la revisión constitucional del pasado verano, y que revocó la cláusula de la Constitución de 1976 relativa a la "irreversibilidad" de las nacionalizaciones, introduce la posibilidad, por parte del Estado, de recurrir a otras vías que las ofertas públicas y el mercado bursátil para la enajenación del capital de las empresas a privatizar, como el concurso público, y las negociaciones directas para la formación de "núcleos duros", de acuerdo con las características y la situación financieras de las empresas y la eventual existencia de "intereses estratégicos" en el sector o ramo de producción.El proyecto de ley, cuya aprobación no ofrece duda, dada la mayoría absoluta de que dispone el partido gubernamental, PSD, en el Parlamento, es considerado como "satisfactorio" en los medios financieros y empresariales, puesto que "flexibiliza" el proceso, pero ha sido criticado por las centrales sindicales, UGT y CGT. Las objeciones de la primera, que considera la nueva legislación demasiado "vaga", dando al Gobierno un "cheque en blanco" para decidir, "caso a caso" y sin dar cuentas a nadie, de la fórmula a adoptar y de la metodología a seguir, serán probablemente recogidas en la "contrapropuesta" del partido socialista, que anunció ya que va a presentar su propio texto de ley para que sea discutido y votado en el Parlamento, como alternativa al proyecto gubernamental.

La reacción de la CGT, más drástica, encontró expresión política en la crítica del partido comunista al proyecto de ley gubernamental. Los comunistas, que se oponen "por principio" a las privatizaciones y votaron ya contra la legislación vigente y contra la revisión constitucional, centran sus críticas en la disposición de la futura ley que permite la " reconstitución de los antiguos monopolios".

Está, en efecto, previsto que los antiguos propietarios o accionistas de las empresas estatalizadas puedan cambiar los títulos de la deuda pública que recibieron o recibir una indemnización de acuerdo con el valor nominal en cada caso.