La reforma inacabada

La figura del médico de familia, que sustituye en los nuevos centros de salud a los saturados médicos generales de los ambulatorios, es la pieza clave en la reforma del primer eslabón del sistema sanitario: la atención primaria. Pero este tipo de profesionales es aún minoritario y han denunciado en repetidas ocasiones que no cuentan con los medios necesarios para cumplir sus objetivos y realizar la labor más personalizada que se les pide. Menos de un 30% de la población está adscrita a un centro de salud, el resto sigue dependiendo de los ambulatorios.Tanto el PSOE como el PP y el CDS ofrecen a su electorado la libre elección de médico como el bálsamo eficaz para que se recupere la relación de confianza necesaria entre médico y enfermo De hecho, esta medida, ofrecida ya por el PSOE en las elecciones de 1982, se recoge en la ley general de Sanidad aprobada hace tres años . Pero un sector importante de los facultativos ven dificultades insalvables para su puesta en práctica: el médico de familia debe estar cerca del domicilio del paciente y muy pocos están dispuestos a desplazarse al otro extremo de la ciudad para atender a los enfermos que guardan cama.

"Cuando se anuncia esta medida se omite que la libre elección de médico supone también la libre elección de enfermo" dice Marciano Sánchez Bayle portavoz de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP) "La realidad es que la elección, excepto en el caso de familiares y amigos, se queda reducida a la gente que vive en los alrededores de la consulta. Los ingleses han comprobado que el porcentaje de cambio de médico fuera del barrio no llega al 1%. Se pueden producir además casos de discriminación porque hay una tendencia a rechazar a los ciudadanos más problemáticos: siempre es mejor tener como paciente a un joven sano que a un anciano enfermo".

Tarjeta individual

La postura de esta asociación contraria a la libre elección de médico porque se pierde la labor de equipo que realizan los centros de salud, es asumida por Izquierda Unida. Esta agrupación se compromete a "acelerar y desarrollar la red de Centros de Atención Primaria alcanzando en el curso de la próxima cobertura el ciento por ciento de la población". Junto a la libre elección de médico, el PSOE y el PP propugnan también el cambio inmediato de la actual cartilla de la Seguridad Social por una tarjeta individual que facilite los trámites administrativos. La presentación de esta tarjeta ha sido anunciada en repetidas ocasiones po

Eduardo Arrojo, presidente del Instituto Nacional de la Salud (Insalud), a lo largo del último año pero ninguno de los modelos ha gustado al ministro de Sanidad. El mal funcionamiento de la Atención Primaria repercute directamente sobre los hospitales y vierte en las entradas de urgencia un contingente de enfermos que colapsa la actividad de esos servicios.

Esta situación, denunciada por un informe del Defensor del Pueblo en 1988, ha sido reconocida por el Insalud y el ministerio, pero se defienden de las críticas que recibe su gestión afirmando que la saturación de los hospitales se debe a que la Sanidad es el servicio público más utilizado por los españoles después de Correos.

Quejas anónimas

Tras el decreto de universalización de la asistencia, aprobado hace un mes, el 98,9% de la población tiene derecho a ser atendida en los hospiatles públicos. El Insalud, con 131 hospitales propios, 170 concertados y 149.586 empleados entre médicos, ATS, auxiliares y personal no sanitario, representa actualmente el 52% de la sanidad pública (Cataluña, País Vasco, Andalucía y País Valenciano tienen transferidas esta competencia) y gestiona un presupuesto de dos billones de pesetas. Las cifras de la actividad registrada en 1988 arrojan una breve radiografila de la masificación: se produjeron 1.868.104 ingresos hospitalarios (1.141.807 programados y 726.297 urgentes). Se atendieron 160.290 partos, 4.147.931 urgencias, 7.947.342 consultas y se realizaron 584.025 intervenciones.

El malestar que manifiestan cotidianamente los usuarios no se refleja, en cambio, en los datos de actividad de los servicios de atención al paciente, quizá por.que estos son desconocidos para la mayoría de los pacientes. En 1988 se recibieron 10.357 reclamaciones, de las que fueron contestadas 7.428. Las 2.929 quejas que no han obtenido respuesta se debe a que "probablemente fueron presentadas de forma anónima y no las aceptamos ni, por tanto, investigamos", afirma una fuente del Insalud. La mayoría de las reclamaciones se refieren a la atención hotelera -mala comida, ausencia de toallas o camisones limpios- y a la tardanza en recibir atención médica.

Responsables del ministerio han anunciado que para solucionar el primer bloque de quejas "habrá que introducir criterios de gestión privada en la empresa pública.

Para solucionar el segundo bloque, el ministro de Sanidad, Julián García Vargas, se comprometió al iniciar su mandato en 1986 a mantener un clima de diálogo con los médicos Y, reducir las listas de espera. Había entoncés en ellas 88.645 pacientes y el 48,4% requerían hospitalización. Siete meses más tarde el malestar acumulado durante años en los hospitales estalló en una huelga casi salvaje de cuatro meses y provocó un aumento de las listas de espera.

Actualmente los responsables del ministerio han dejado de dar cifras globales de listas de espera, afirman que han disminuido y prefieren referirse a tiempos de espera. Para lograr ese descenso se ha utilizado como principal medida el incentivar económicamente a los equipos para que trabajen por la tarde con resultados desiguales según las especialidades y las comunidades autónomas. En el hospital Doce de Octubre, de Madrid, por ejemplo, en el servicio de Oftalmología la espera se ha reducido de 24 l- días a 69 días.

En cuanto al diálogo con los profesionales todos los sectores consultados señalan que no se vive un enfrentamiento abierto como en la etapa en que Ernest Llunch era ministro y Ramiro Rivera, actualmente en las filas del PP, presidente de la Organización Médica Colegial, pero el malestar persiste entre los médicos. Parte de los acuerdos que pusieron fin a la huelga de 1987, como el nuevo sistema de guardias, no se han aplicado y la Administracción ha dejado el Estat-uto Marco fuera de su programa electoral. Sobre ese documento, pieza fundamental de la ley de Sanidad para definir las funciones laborales, deben dar su parecer colegios profesionales y sindicatos. Ante la disparidad de criterios entre ellos parece que el ministerio ha decidido aparcarlo indefinidamente.