Enfrentamiento en las asociaciones empresariales canarias por la PAC

El reciente acuerdo del Gobierno canario de plantear en el Parlamento regional la integración del archipiélago en la política agraria común (PAC) y en la política pesquera común (PDC) ha desatado un duro enfrentamiento entre las organizaciones empresariales de Gran Canaria y Tenerife, al estar las primeras en contra y las segunda a favor de tal opción. Ambas patronales han roto el clima de respeto mutuo a sus posturas encontradas y amenazan con acudir a los tribunales dado el cariz de sus declaraciones en los últimos días.

La Confederación Canarias de Empresarios (CCE) de la provincia de Las Palmas y la UGT solicitaron el pasado fin de semana al Ejecutivo de coalición que preside Lorenzo Olarte la retirada de la Cámara de dicha propuesta, porque consideran que implicaría la modificación del estatuto de autonomía en su eje esencial: la defensa del régimen económico-fiscal (REF), basado en la libertad comercial de exportación e importación.Canarias, que reivindica el libre acceso de sus producciones a la Comunidad Europea (CE), aguarda la próxima conclusión de los trabajos del Grupo Interservicios de la Comisión Europea sobre el caso canario. Una vez sean conocidos éstos la comunidad autónoma procederá a la reforma del REF.

La polémica surgió a mediados de la pasada semana al pronunciarse, tanto la citada confederación empresarial como la Cámara de Comercio de Las Palmas, radicalmente en contra de un informe elaborado por la consultora Arthur Young sobre los efectos económicos de la incorporación de Canarias a la CE. Este estudio, realizado por encargo de los empresarios de Tenerife, fue calificado por la patronal de Gran Canaria de "fraudulento, monstruoso y manipulado". El origen de los odios y pasiones que ha despertado dicho informe en las islas reside en que el mismo se decanta a favor del ingreso de Canarias en la PAC, considerada en Tenerife como la tabla de salvación ante el peligro de que la agricultura y la pesca sufran un parón irreversible.

Arthur Young cifra la hipotética crisis en el sector primario en 115.000 millones de pesetas. Los empresarios grancanarios cuestionan la seriedad del estudio, al que tachan de tendencioso, y discrepan de la cuantificación hecha en el mismo del impacto previsible de la PAC unos 22.000 millones de pesetas, según Arthur Young, frente a los 34.000 barajados por los representantes empresariales de Gran Canaria.

Éstos niegan, además, que sea cierto que el plátano canario corra el riesgo de desaparecer si las islas no participan en la PAC, ya que, según indican, la reserva del mercado peninsular de dicho producto está garantizada hasta el 31 de diciembre de 1995. Los empresarios grancanarios prefieren que el libre acceso de las exportaciones de las islas se consiga mejorando el actual modelo de adhesión; sin formar parte de ninguna estructura comunitaria.