La reforma del IVA enfrenta a la Comisión con el Consejo de Ministros de la CE

La armonización del IVA ha provocado un enfrentamiento en el interior de la Comunidad Europea (CE). El Consejo de Ministros de Economía y Finanzas debatirá hoy en Luxemburgo el alcance político de la reforma fiscal. Los doce se oponen a la propuesta de la Comisión Europea para la desaparición de fronteras fiscales. Cada uno de los Estados miembros de la Comunidad intenta mantener el control nacional de la recaudación de impuestos indirectos, o, como mínimo, ganar tiempo.

La reforma fiscal, uno de los elementos claves para la creación del mercado único, marcha con retraso. Y, aunque la pasada cumbre de Madrid asumió el compromiso de alcanzar un acuerdo global antes de fin de año, la desaparición de fronteras fiscales está en entredicho. El motivo inmediato de enfrentamiento entre la Comisión y los doce se centra en el pago del IVA de los productos destinados a la exportación.La propuesta de la Comisión Europea consiste en gravar el IVA en el país de origen del producto, de acuerdo a la lógica de un mercado unificado en el que no habrá fronteras nacionales. De esta forma se conseguiría, unida a la desaparición de las aduanas, un menor coste burocrático y de gestión para las empresas.

El nuevo sistema tiene que entrar en funcionamiento el 1 de enero de 1993. Y como se trata de un impuesto al consumo, la propuesta se basa en la creación de una cámara de compensación que determine las transferencias de recaudaciones entre los Estados de la Comunidad Europea.

El grupo ad hoc para la abolición de fronteras fiscales ha elevado una propuesta unánime al Consejo de Ministros que consiste en continuar con el control de las recaudaciones en destino, lo cual significa mantener las fronteras fiscales aunque sea kilómetros más adentro.

Barreras nacionales

Mantener la exención del IVA a las exportaciones significa establecer barreras nacionales para su cobro posterior y negar, a efectos de comercio exterior, el mercado único. La gran interpenetración comercial dentro de la Comunidad Europea -más de la mitad del comercio exterior lo realiza España con sus socios comunitarios- dificulta el problema de la armonización. Las delegaciones nacionales argumentan que el sistema de compensación, basado en los datos estadísticos de importaciones y exportaciones, "sería demasiado engorroso y poco fiable", al margen de que "amenaza con suscitar numerosos contenciosos entre los Estados miembros".

El mantenimiento del control nacional va dirigido a evitar "deslizamientos en las recaudaciones" de cada país y se apoya en trámites burocráticos: un documento comercial para la mercancía y notificaciones periódicas de las compras por parte de las empresas. A pesar de la oposición, el documento presentado a los ministros admite que "la instauración de la imposición en el país de origen continúa siendo deseable, pero implica condiciones que no pueden ser satisfechas antes del 1 de enero de 1993".

Las Administraciones fiscales se han unido en sus intereses para conseguir que la Comisión acepte al menos un plazo mayor de adaptación, o lo que es lo mismo, un retraso en la entrada en vigor del régimen unificado del IVA. El pasado miércoles el colegio de comisarios decidió plantear al Consejo -por parte española, acudirá el secretario de Estado de Economía, Pedro Pérez- un debate político sobre la reforma, antes de decidir si modifica o no su propuesta.

La comisaria responsable, Christiane Scrivener, es partidaria de una política suave, ahora criticada porque, según una fuente comunitaria, "cada concesión hace crecerse a los Gobiernos en sus exigencias". El único consenso alcanzado gira en tomo a la necesidad de unificar los diversos tipos de IVA existentes como forma de igualar la competencia entre los distintos países. El proyecto es implantar un tramo general, de entre el 14% y el 20% de recargo, para la mayor parte de los productos, mientras el tipo reducido (del 4% al 9%) "se aplicaría a los bienes y servicios de primera necesidad que respondan a un objetivo de política social o cultural y definidos en común". Este cambio plantea especiales dificultades a países como el Reino Unido que tiene un IVA cero para gravar los alimentos y otros artículos.