Siemens, demandada por 'explotación' durante la guerra

Siete ciudadanas de la República Federal de Alemania (RFA) que fueron obligadas durante la II Guerra Mundial a efectuar trabajos forzados para la Siemens han demandado a esta empresa, que ocupa el segundo lugar en la clasificación industrial del país. El caso tiene múltiples implicaciones, tanto por el precedente que crearía en caso de que fuera ganado como por el hecho de que la de manda atañe a problemas de gran actualidad.

La doctrina establecida hasta el momento para con los cerca de 700.000 polacos que fueron utilizados en trabajos forzados, se remite a la inexistencia de un tratado de paz para eludir el pago de compensaciones, la misma premisa que sirve a una cierta derecha revanchista para considerar aún válidas las fronteras del Reich de 1937.En 1942 las siete demandantes estaban internadas en el campo de concentración de Ravensbruck, a unos 150 kilómetros al norte de Berlín, cuando la compañía Siemens instaló una factoría junto al campo, al tiempo que establecía un contrato con las Schutzstaeffel -las tropas de elite hitlerianas más conocidas por SS- por el que la empresa disponía de trabajadores forzados destinados a la fabricación de las bombas volantes V-2 utilizadas contra Gran Bretaña.

El mínimo salario que pagaba Siemens iba a las SS y los trabajadores tenían jornadas de 16 horas en condiciones de esclavitud. Dos de estas mujeres, que se hallaban presentes en la conferencia de prensa que dio su abogado, Jorg Lobach, para anunciar la interposición de la demanda, no pudieron reprimir sus lágrimas cuando contaban las atrocidades a las que fueron sometidas en la fábrica Siemens de Revensbruck.

Lobach indicó que el objetivo es conseguir una indemnización alegando que con la utilización de trabajo forzado, Siemens "se enriqueció injustificadamente", y por ello exige el salario "retenido", unos 64.000 marcos por persona (unos cuatro millones de pesetas).

Según el abogado, que trabaja por cuenta de Aktion Suhnezeichen (Acciones de Expiación), una organización que tiene su origen en la resistencia contra el nazismo, y sus bases en la Iglesia protestante, si todas las personas que fueron sometidas a trabajos forzados reclamaran indemnizaciones parecidas, la cifra total que deberían pagar las industrias beneficiadas sería de unos 100.000millones de marcos, (más de seis billones de pesetas).

La respuesta del Gobierno de la RFA ha sido hasta ahora la misma que le sirve para no admitir las fronteras nacidas de la derrota de 1945, la línea de los ríos Oder y Neisse. Dado que no hay tratado de paz, dice el tribunal de Karlsruhe, la situación jurídica es la misma que en 1937. La inexistencia de ese ya imposible tratado sirve también para aplazar cualquier reclamación de este tipo proveniente de súbditos extranjeros, entre ellos 700.000 polacos. Para los ciudadanos alemanes occidentales, sin embargo, el Gobierno considera que su reclamación ya ha caducado.

La oposición socialdemócrata y verde ha exigido la formación de una fundación destinada a indemnizar "simbólicamente" a todos los que fueron sometidos a trabajos forzados.