El castigo de la vejez

INúTIL IMAGINAR que dimita un alto cargo de la autonomía catalana, como la directora general de Asistencia Social, Ángela Miquel, después del escándalo del geriátrico de Vallvidrera, en el que, como mínimo, una anciana falleció en estado de avanzada desnutrición. Los inspectores que mandó Miquel a la residen cia de ancianos se revelaron ciegos: nada habían visto del siniestro pabellón donde yacían hacinadas 15 ancianas, aquejadas de demencia senil y tratadas por sus cuidadores como a internos de campos de concentración. Cuando el juez ordenó el cierre de la residencia, la citada directora general criticó la orden, aseguró que no era de su competencia y se embrolló en el habitual y ya clásico conflicto entre instituciones, al que es tan aficionado cierto tipo de personajes acostumbrados a extraer sustanciales rentas políticas y electorales de la sistemática descalificación de toda autoridad que no sea la propia.El empeño demostrado por la Coordinadora de Usuarios de la Sanidad, una entidad de iniciativa privada a cuyas denuncias se debe la actuación judicial, ha conseguido finalmente lo que los inútiles inspectores del Gobierno catalán ni tan siquiera olieron: el cierre del pabellón, la vigilancia del resto de la residencia, la prisión preventiva de la directora del centro y del médico que atendió negligentemente a las internas y la rectificación de la inicial actitud de celos institucionales heridos de Ángela Miquel. Inútil, sin embargo, imaginar que Miquel dimita, como sería su obligación en tanto que alta responsable del Gobierno catalán y como dictaría la mínima vergüenza torera. Pues, como todo el mundo sabe, aquí no dimite nadie, sea de la Administración central, de la local o de la autónoma, por más desaguisados, pérdidas humanas o materiales que pesen sobre las espaldas políticas del responsable de turno.

En este país de inspectores ciegos y directoras generales empecinadas en sus celos institucionales, la sanidad y la asistencia pública no garantizan el cuidado de los ancianos, las familias tienen que pagar cantidades elevadas sin garantías de contraprestaciones decentes y la garantía de control debe suministrarla una asociación privada en prueba fehaciente de que la misma sociedad civil que con tanta frecuencia llena la boca de los políticos es la única salvaguardia de los ciudadanos frente a tanto desaprensivo y a tanta inutilidad flagrante de la Administración.

Tal como pinta el futuro demográfico, con una población cada vez más anciana, una sociedad cada vez más cruel con quienes abandonan el aparato productivo, una asistencia pública cada vez más reducida y una Administración más inútil, será cuestión de que empiecen a espabilarse los ciudadanos que quieran evitarse una ancianidad inhumana o incluso concentracionaria. Además de lo que cada uno pueda hacer por sí y para sí, la eficacia de la Asociación de Usuarios de la Sanidad en el desvelamiento del escándalo y en la imposición de medidas urgentes y rigurosas muestra la utilidad de la participación de los ciudadanos organizados en el control de la calidad de los servicios. Éstos parecen ser los únicos paños calientes para un problema que no hace más que comenzar.

Y el día en que las Administraciones públicas se decidan a abandonar su pasión por la burocracia y el reglamentismo, por la rigurosa administración de la inutilidad y los celos institucionales, y la guerra de competencias, para dedicarse de verdad a resolver los problemas y a administrar con eficacia los dineros de todos, que avisen, pues tal vez quedan todavía algunos ciudadanos capaces de recuperar la confianza en los administradores que entre todos pagamos y que con excesiva frecuencia sólo a sí mismos parecen servir.