La polémica rodea el posible envío de tropas de EE UU a la zona productora de cocaína

Como Pedro en Getsemaní, la Casa Blanca lo ha negado tres veces. Y sin embargo la duda persiste en todas las mentes. El objeto de la tenaz negativa oficial: la utilización de tropas norteamericanas en misiones de combate contra el narcotráfico en los países andinos.

La liebre la levantó el sábado The Washington Post al revelar la existencia de una orden secreta firmada hace tres semanas por el presidente George Bush sobre la utilización de personal militar en la lucha contra la droga en Colombia, Perú y Bolivia.La instrucción presidencial autoriza por primera vez la salida de los asesores militares norteamericanos de los campamentos donde se encontraban concentrados a cientos de kilómetros de las zonas de operaciones para trasladarse a las llamadas "zonas seguras" y proseguir desde allí la labor de entrenamiento de las fuerzas de seguridad de los países andinos.

La Administración describe como "zonas seguras" aquellas en las que las fuerzas gubernamentales ejercen un control total. De acuerdo con la directiva secreta, el personal militar estadounidense podrá acompañar a las fuerzas de seguridad locales en labores de patrulla, aunque no en ataques directos contra instalaciones propiedad de los narcotraficantes, tales como plantaciones de coca o laboratorios de refino.

En una guerra como la del narcotráfico, la línea divisoria entre "acción de combate" y "acción defensiva" es tan sutil y tan reminiscente de otras interferencias de Washington como Vietnam en el pasado y El Salvador más recientemente, que la Administración lleva tres días tratando de aclarar sin conseguirlo el alcance de las instrucciones presidenciales. El domingo, en una intervención televisiva, el zar antidroga, William Bennett, subrayó que las tropas norteamericanas no acompañarían a las fuerzas de seguridad de los países andinos en misiones de combate.

El lunes, el portavoz de la Casa Blanca, Marlin Fitzwater dedicó más de las tres cuartas partes de su conferencia de prensa diaria a negar la especie y a insistir en la misión puramente de entrenamiento de los asesores militares norteamericanos en los tres países suramericanos. Y, por si esto fuera poco, el propio presidente Bush declaró en un discurso en el Departamento del Tesoro: "Ninguna de las naciones andinas ha solicitado la presencia de tropas norteamericanas y no se contempla el uso de las fuerzas armadas de este país en misiones de combate".

Persisten las dudas

Sin embargo, la duda continúa en los medios de comunicación y en el Congreso, cuyos dirigentes no conocen todavía en su totalidad las cláusulas de la directiva secreta firmada por Bush. Otro elemento que contribuye a alimentar las dudas de los escépticos es la disparidad de cifras manejadas por la Administración sobre el número de asesores militares que se encuentran en Colombia. Mientras el Pentágono habló de una cantidad entre 50 y 100, Fitzwater se refirió el lunes a 30 y Bush mencionó a sólo 16.

Por su parte, un juez de Atlanta decretó el lunes por la noche la prisión incondicional sin fianza de Eduardo Martínez Romero, considerado como el tesorero del cártel de Medellín, primer colombiano extraditado a EE UU de acuerdo con el procedimiento de urgencia establecido por el presidente de Colombia, Virgilio Barco. En su declaración ante el juzgado federal, donde se le acusa de blanquear más de 160.000 millones de pesetas procedentes de la venta de cocaína en EE UU, Martínez Romero se declaró inocente.