La formación profesional que necesitamos

La reforma del sistema de formación profesional ha de concretar una serie de cambios que permitan el acceso real al mercado de trabajo y evite la actual función de doble vía de la FP: la prestación de una enseñanza sin oportunidades en el mercado de trabajo con un criterio asistencial, en opinión del autor de esta tribuna.

La crisis económica y su superación aparece principalmente como un profundo proceso de reestructuración del sistema productivo, cuya base primordial radica en la adaptación de las empresas a un mercado cambiante y muy competitivo.Los aspectos que delimitan esta reestructuración son los siguientes: mantener posiciones en el mercado, lo que lleva consigo establecer estrategias productivas de acuerdo con el mercado; decidir con cierta rapidez los cambios en el marco de un entorno en el cual los márgenes de maniobra son muy pequeños; adoptar estrategias cuya base se encuentra en el lanzamiento de nuevos productos, con determinadas características: precio ajustado, racionalización de costes, renovación del producto y/o imagen del mismo, individualización, oferta flexible e incremento de la calidad, elemento esencial para competir en el mercado.

Esto implica una reorganización del sistema productivo basado en la racionalización de los procesos de producción y el uso de nuevas tecnologías.

Estas tendencias se muestran como generalizadas en las distintas empresas, independientemente de su objetivo económico, causando importantes cambios en los diversos aspectos del empleo y en las cualificaciones.

Una parte de este proceso se proyecta en que frente a oficios y ocupaciones estáticas y tradicionales existen contenidos que no se encuentran en el mercado de trabajo y cualificaciones que no se contemplan en nuestros tradicionales sistemas de formación profesional, sin que, por otra parte, quepa atribuirlo al desajuste en el empleo de forma reduccionista, a una simple inadecuación entre oferta y demanda.

Por otra parte resulta curioso y hasta desconcertante el camino seguido por los empresarios en general en el tema de las cualificaciones; si el énfasis se halla en la flexibilidad y calidad, ello exige adoptar soluciones diferentes a las que hasta el momento se vienen adoptando. Soluciones en ningún caso prefijadas de antemano. En la mayoría de los casos las empresas no han reflexionado sobre las consecuencias que ello produce en el sistema de relaciones de trabajo, especialmente en las cualificaciones, y tampoco han otorgado la importancia que tiene para una adecuada competitividad del producto: mejorar no sólo por la calidad de la organización y de la producción, sino también, y como aspecto indisoluble, un incremento de la calidad en los recursos humanos.

Reciclaje

Esta estrategia no se puede conseguir sin la adecuada formación para el reciclaje, entendiendo la formación no como una mera adaptación al puesto de trabajo concreto (adiestramiento), sino haciendo hincapié en una visión más integral de naturaleza profesional donde la formación continua para todos los trabajadores permitirá una rápida y eficaz adaptación a los cambios estructurales.

Esto obliga al sindicato a combatir la precariedad en el empleo, proponiendo mejoras en el ambiente de trabajo, la organización, una adaptación de la tecnología pensando en la persona que trabaja con ella, obteniendo así una mayor motivación para el cambio y una flexibilidad basada en la cualificación y las condiciones de trabajo.

Un aspecto importante de la nueva política de empleo para lograr un desarrollo armonioso del conjunto de la sociedad y una mayor cohesión económica y social exige un esfuerzo significativo en el ámbito de la formación y aprovechamiento de los recursos humanos como componente esencial del crecimiento. Disponer de una población activa que tenga a la vez la capacidad y la flexibilidad necesaria para hacer frente a las necesidades cambiantes de la industria y los servicios requiere una sustancial mejora de los niveles de cualificación y de posibilidades de reciclaje de las que pueden beneficiarse también los trabajadores adultos.

Las acciones han de ir encaminadas a mejorar cualitativamente la formación inicial o de base hasta los 16 años (reforma educativa) y de la formación profesional (mínimo dos años), así como potenciar la formación continua de los trabajadores en las empresas (casi inexistente en España) como medio de reabsorción y prevención del paro, y principalmente del paro prolongado. Esto exige una temporalización, unas acciones inmediatas con vistas a 1992 y otras con el horizonte del año 2000: libre circulación de trabajadores, correspondencia de cualificaciones a nivel europeo, etcétera.

El nuevo sistema de formación profesional o enseñanza técnico profesional (ETP) debe permitir:

- La movilidad profesional futura, basada en una buena formación inicial que permita la polivalencia, aprender a aprender, y el fomento de la autonomía personal.

- Formación técnica en perfiles de futuro, cambiando la oferta formativa que se concentra en tres ramas y pocas especialidades, respondiendo más a las necesidades del mercado de trabajo tanto a nivel local como regional.

- Mayor conocimiento de las técnicas de gestión empresarial y de organización del trabajo, legislación laboral y sindical, ya que al socializar estos conocimientos permitirá disponer de unos trabajos más libres y responsables.

Formación continua

- Conectarla con un sistema ágil de formación continua que permita el paso a niveles de cualificación más altos. Prolongando la especialización después de la formación y combinándola con la ocupacional, dando sentido a la formación continua, mediante un sistema modular capitalizable que permita el acceso de los trabajadores a otros niveles del sistema educativo, incluida la Universidad, incentivando de esta forma la profesionalidad.

- Evitar la doble vía, aparcamiento en el sistema de formación profesional o, lo que puede ser más grave, consolidar el actual Plan de Formación e Inserción Profesional (Plan FIP) como receptor, en plan asistencial, de los jóvenes que no tienen oportunidades de empleo por su baja formación: fracaso escolar, marginación, etcétera.

Todo ello requiere previamente de un eficaz observatorio del mercado de trabajo y un adecuado repertorio de las cualificaciones (nuevos perfiles profesionales) que haga posible:

1. La racionalización de la oferta formativa a nivel local o sectorial de todos los implicados, recursos, instituciones, participación de empresas / sindicatos.

2. Un servicio de asesoramiento (orientación profesional), transparencia y fácil acceso a los programas de creación de empleo por las distintas administraciones y, en los casos necesarios, orientado hacia otras ofertas formativas para completar su formación de base (educación de adultos), conectada con la formación específica que requieran, e incluso, para los que se orienten hacia el trabajo cooperativo o autoempleo, asegurarles la tutela necesaria durante el período de rodaje del proyecto productivo.

Por último, la formación de los trabajadores activos debe ir encaminada a proporcionar una mayor formación de base, desarrollando una nueva ley de Adultos que incluya también los aspectos profesionales, facilitando la aplicación del Convenio 140 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT): permiso retribuido de formación en la propia empresa o en el sector que posibilite elevar el nivel de competencia profesional individual.

Los trabajadores, a través de los sindicatos, estamos dando iniciativas estratégicas, a la vez que concretas, en nuestro diálogo con la Administración y con la Confederación Española de Organizaciones Empresariales tanto en el Consejo General de la FP, Consejo Escolar del Estado o el Inem... Unas propuestas que cobrarán especial importancia en los próximos meses, recuperando la trascendencia que para el futuro económico de nuestro país tiene la educación y la formación profesional.