Poca y mal repartida

ESPAÑA TIENE sed. Tras varios años de equilibrada climatología, con cosechas excelentes, esa vieja conocida, la sequía, ha vuelto a recordarnos que éste es un país tradicionalmente seco, sediento. Del estudio de las precipitaciones habidas en España a lo largo del último siglo se deduce que, incluso si se mantuviera una pluviosidad equivalente a la de los años más favorables, sería precisa una política de captación y distribución del agua para evitar que amplias zonas del territorio nacional fueran deficitarias. Del agua caída sobre el territorio, la mayor parte se pierde al ser vertida directamente al mar; otra parte es retenida en los embalses, pero acaba perdiéndose también por incapacidad para transportarla, una vez satisfechas las necesidades locales, a las zonas deficitarias.De los últimos 50 años, fue el período comprendido entre 1943 y 1954 el más seco. Fue entonces cuando, en aplicación de proyectos que quedaron interrumpidos por la guerra, se dieron los primeros pasos hacia una planificación orientada a administrar algo más racionalmente la escasez. Ni las insuficiencias de aquellos proyectos ni la utilización propagandística de ellos hecha por el régimen franquista justifican el escepticismo que posteriormente relegó a un muy secundario plano la política hidráulica, con efectos como los que ahora tienden a hacerse evidentes.

Desde anoche ha quedado totalmente prohibida, bajo amenaza de fuertes sanciones económicas, toda utilización para riego agrícola de las aguas de los embalses de la cuenca del Guadalquivir. La medida, considerada inevitable a la vista de la reducción al 10% de su capacidad de la cantidad de agua contenida en esos embalses, tendrá efectos dramáticos sobre toda la agricultura de Andalucía occidental, en particular para las cosechas de arroz y de algodón. Las asociaciones de agricultores han culpado de esta situación a las autoridades por su falta de previsión, al no haber adecuado la política de inversiones y realizaciones hidráulicas al incremento de superficies dedicadas a cultivos de regadío. Por ejemplo, a cultivos de arroz en la provincia de Sevilla.

Ciertamente, el paso adelante que supuso la aprobación de la ley de Aguas, en la que por primera vez se atribuía al agua la condición de un bien público unitario, no ha sido seguido por una política que la desarrollara en planes concretos que permitieran paliar los efectos de la sequía. La relativamente alta pluviosidad registrada durante los años setenta, y especialmente la excelente del período 1983-1988, hizo que los planes de inversiones, e incluso el desarrollo legislativo previo al despliegue de tales planes, quedasen marginados en relación a otras prioridades en materia de infraestructuras. Y si bien es cierto que gobernar es elegir -y que no se puede hacer todo a la vez-, sí parece que en determinadas zonas, en Andalucía principalmente, las infraestructuras hidráulicas deberían haber recibido una mayor atención.

La España actual no es ya la de los años cuarenta, cuando la mitad de la producción nacional dependía del sector primario, en el que se concentraba la mayor parte de la población activa. De ahí que, por dramática que sea la situación para determinadas zonas y sectores, los efectos de la sequía no tengan hoy la dimensión social del pasado. Pero este año se ha producido el hecho, relativamente insólito, de que la ausencia de precipitaciones ha afectado tanto a la España seca como a la tradicionalmente considerada húmeda. Los problemas de abastecimiento doméstico han alcanzado incluso a Galicia, y la ausencia de pastos anuncia fuertes pérdidas en la ganadería de la comisa cantábrica. En la meseta y en el valle del Ebro, la producción de cereales será muy inferior a la del último quinquenio, y cientos de poblaciones sufren restricciones domésticas, cuando no tienen que ser abastecidas por camiones cisterna. Las rogativas no paliarán esos problemas. Una planificación racional de los recursos, sí. Aunque no los resuelvan de golpe.