Renuncia colectiva de los jueces y magistrados colombianos

"Seguros de la inutilidad del sacrificio de más vidas humanas y de la ausencia de apoyo institucional efectivo, respetuosamente presentamos renuncia a nuestros cargos de magistrados del Tribunal Superior de Bogotá". Los 48 magistrados firmantes de esta carta no fueron los únicos en renunciar. 4.600 jueces anunciaron también su renuncia colectiva el pasado jueves. Es la protesta de la judicatura colombiana por el genocidio de que está siendo víctima.El coronel Waldernar Franklin Quintero, comandante de Policía Nacional de la división de Antioquía, por otro lado, fue asesinado ayer por varios individuos, que le ametrallaron en Medellín. Habia asumido la comandancia de Antioquia, una de las provincias más azotadas por la violencia. En los últimos días había presidido importantes operativos contra el cártel de Medellin. Horas después de su asesinato, mediante llamadas anónimas a medios de comunicación, los extraditables (comando armado del cártel de Medellin), se atribuyeron el crimen.

El último crimen

Veinticutro horas antes de que los magistrados y jueces asumieran esta drástica decisión, se había cometido el último crimen. La víctima fue el magistrado del Tribunal Superior de Bogotá Carlos Ernesto Valencia. Hora! antes de su muerte, el penalista había firmado una resolución en la cual se vinculaba de nuevo a Gonzalo Rodríguez Gacha, uno de los grandes del cártel de Medellín, por el crimen del líder de izquierdista Jaime Pardo Leal, ocurrido hace casi dos años.

"Con el asesinato de Valencia se rebasó la copa. Y no podemos seguir enterrando cada 15 días a un juez", dijo en conferencia de prensa Gregoria Oviedo, fiscal de la Asociación Nacional de Trabajadores Judiciales (ASONAL). Entre 1981 y 1989, 220 funcionarios de la justicia han sido asesinados. Se calcula que en este momento hay unos 1.600 jueces amenazados de muerte, y en el último año diez de ellos han tenido que abandonar el país. Los que llevan la peor parte son los jueces de orden público que investigan casos de narcotráfico.

Dos cosas pide la Justicia al Gobierno para poner fin al paro indefinido y desistir de las renuncias. Primero, que el Ejecutivo declare la guerra frontal a los sicarios que vienen matando jueces y dirigentes populares en todo el país. "Todo el mundo sabe cuáles son estos grupos paramilitares, dónde están las escuelas de sicarios, dónde se esconden los que les financian. Se necesita la voluntad política del Gobierno para hacerles frente", afirmó Antonio Suárez, presidente de ASONAL.

El segundo punto que reclaman jueces y magistrados se refiere a la depuración de las fuerzas militares. En lo que va de año, casi 80 oficiales de la policía nacional han sido dados de baja por "mala conducta".