Menem somete a Argentina a una cirugía sin anestesia

Viene de la primera páginaLa máquina demoledora de Menem avanza casi sin resistencia. Sólo se ha trabado, hasta ahora, en la pequeña piedra que supone la crítica de Saúl Ubaldini, líder histórico de la poderosa Confederación General del Trabajo (CGT). Después de las 13 huelgas generales declaradas contra el Gobierno radical de Raúl Alfonsín, cuando Ubaldini era uno de los líderes de la oposición peronista, ahora todos quieren desprenderse de un dirigente al que consideran "cebado" con la lucha.

"Es tiempo de concertación y no de confrontación", ha dicho Jorge Triaca, el ministro de Trabajo y ex enemigo de Ubaldini en la CGT. Durante el juicio a las juntas militares de la dictadura, Triaca dijo que no recordaba a los dirigentes gremiales desaparecidos durante la guerra sucia y que se sintió "bien tratado" durante su breve estancia en la cárcel. Ubaldini ha rechazado dos ofertas para ser agregado laboral en Europa y está dispuesto a fundar otra central de trabajadores, "si es necesario". Pero cada día que pasa tiene menos apoyos. La semana pasada citó a una reunión al comité ejecutivo de la CGT y tuvo que suspenderla por ausencia de la mayoría.

En el Congreso, los propios diputados peronistas, que deben aprobar la reforma del Estado, llaman al proyecto enviado por el poder ejecutivo la ley de disolución del Estado. Ninguna de las enmiendas de fondo propuestas por los diputados y senadores más rebeldes para controlar el traspaso a manos privadas de unas 40 empresas que administra el Estado, entre las que se cuentan las más importantes del país, fue aceptada por Menem.

"El hambre no espera"

El presidente consideró que los inversores debían ser tentados con todos los beneficios para resolver "cuanto antes" el problema. "El hambre no espera", les dijo Menem. Uno de los artículos más discutidos de ese texto es el que permite a los acreedores externos la capitalización de la deuda. Los diputados creen que cambiar bienes por papeles devaluados impedirá el ingreso de dinero fresco. El ministro de Obras y Servicios Públicos, Roberto Dromi, impulsor del proyecto, les convenció de que cerrar el grifo a los 5.500 millones de dólares (unos 660.000 millones de pesetas) que pierden las empresas del Estado "es ya una inversión". "Además", agregó, "los nuevos dueños de las empresas tendrán que gastar dinero para renovarlas y hacerlas rentables". Los senadores, que ya votaron la reforma del Estado, comenzaron a discutir ayer la ley de Emergencia Económica. Con esta ley en vigencia durante 180 días el poder ejecutivo podrá reducir de inmediato unos 300 millones dólares en subsidios. La ley será aprobada por ambas Cámaras en menos de dos semanas. También recortará a la mitad el programa de promoción industrial, que beneficia a cuatro provincias.

La ley permite a Menem y sus ministros despedir a los altos funcionarios del Estado que ocupan puestos políticos y se resisten ahora a renunciar sin indemnización. Con estas dos formidables herramientas en las manos -la hoz y el martillo-, el Gobierno podrá disponer libremente del Estado sin inconvenientes legales. Una de las medidas anunciadas es el cierre de dos de las tres cadenas nacionales ele televisión -los canales 11 y 13-, que se consideran "técnicamente inoperables".

Los interventores designados el pasado 10 de julio no tienen dinero para pagar los salarios, soportan huelgas continuas y no reciben ingresos por la crisis que sufren las empresas que normalmente insertan publicidad en la televisión. "En estas condiciones es más barato cerrarlas hasta que sean traspasadas a sus compradores", ha dicho el ministro Dromi.

El Gobierno pactó una tregua de 60 días y se compromete sólo a pagar los salarios. Si, vencido el plazo, no se demuestra que pueden funcionar sin pérdidas, las cadenas de televisión tendrán que cerrar. El Gobierno pactó con el diario Clarín, el de mayor venta y difusión, la cesión del canal 13 y designó a un representante de esa empresa en el directorio. Los trabajadores denunciaron el acuerdo y el conflicto se extendió al canal 1 1.-La reacción de los sindicatos de periodistas y técnicos de televisión es, hasta ahora, la más fuerte entre las de los gremios afectados por los proyectos de privatización.

El país, cuando se cumplan los primeros seis meses del Gobierno de Carlos Menem, ya no será el mismo. Los teléfonos, los principales ramales del ferrocarril, los aviones, las radios, la televisión, el petróleo, el carbón, el gas, el agua, la electricidad y una gran cantidad de productos derivados será vendido total o parcialmente a los capitales privados por el Gobierno de un partido, el peronista, que hace 40 años -cuando Argentina era el granero del mundo- hizo todo lo contrario.

Menem ha dicho a sus militantes, luego de convocar a los máximos dirigentes de la derecha a ocupar puestos importantes y de compartir sus planes con los grupos económicos más poderosos: "Esto es lo que hubiera hecho Perón hoy".

Para paliar el brutal ajuste se prevé la distribución de alimentos y medicinas gratuitas para los casi cuatro millones de argentinos ubicados debajo de la línea de pobreza absoluta, y de aumentos en los salarios mínimos a otros cinco millones incluidos dentro de esa categoría. En todos los barrios suburbanos, miles de familias comen gracias a las ollas populares, y en Buenos Aires, cada noche grupos de niños y adultos revuelven los cestos de basura y piden dinero "o algo para comer".