Turismo en el estanque

DESDE EL principio de la presente década hasta hoy, factores tan variados como la revolución tecnológica, la aparición de nuevos competidores o la integración en la Comunidad Europea han forzado una drástica modernización del conjunto del aparato productivo español. En algunos sectores, como la siderurgia o la construcción naval, la fuerte incidencia del sector público ha permitido impulsar una reconversión. En otros, como la banca o las eléctricas, la crisis ha forzado el inicio de un proceso de absorciones, fusiones y racionalización al que la Administración tampoco ha permanecido ajena. La primera industria nacional, el turismo, que aporta un 10% al producto interior bruto (PIB) nacional, ha permanecido, sin embargo, al margen de este proceso. Aun a costa de una reducción paulatina de los precios y, por tanto, de la rentabilidad, el incremento constante de la cifra anual de visitantes ha permitido cubrir un aumento desordenado de la oferta, al que han contribuido factores como la tendencia del dinero negro a refugiarse en la inversión inmobiliaria y, en los últimos tiempos, la afluencia a ciertas zonas costeras de fondos procedenteso el narcotráfico internacional.Pero este año el crecimiento se ha detenido y las fallas del sector han quedado al descubierto. Según los cálculos de la Secretaría General de Turismo, a final de ejercicio el número de visitantes de 1989 habrá aumentado sólo un 1% respecto a 1988, mientras la oferta de plazas ha crecido entre un 10% y un 30%, según las zonas, respecto a la del pasado año. Teniendo en cuenta que el turismo interno permanece estable, la consecuencia es obvia: los niveles de ocupación, especialmente la hotelera, han experimentado una reducción que oscila entre el 10% y el 30%.

Las empresas, turísticas se han apresurado a culpar a la Administración. Para las organizaciones patronales, los motivos del estancamiento son exógenos al sector: deterioro de la imagen exterior de España por culpa dé las huelgas, fundamentalmente las efectuadas por los controladores aéreos; insuficiencia de infraestructuras (aeropuertos, carreteras, comunicaciones); inseguridad ciudadana y encarecimiento de la peseta frente al resto de las divisas europeas. Todo ello, atribuible a la ineficiencia gubernamental, según los empresarios. Para salir del bache bastaría, entonces, una actuación más eficaz de la Administración y el lanzamiento de intensas campañas de promoción en el extranjero.Se trata de un enfoque simplista que oculta el auténtico calado del problema.

La Secretaría General de Turismo, que ya pronosticó en marzo un mal ejercicio, no ve otra solución que un cambio radical en las características de la oferta turística, mejorando la calidad y apostando por factores de atracción artísticos e históricos como alternativa a la oferta tradicional de sol y playa, que ha provocado irreparables daños al medio ambiente y una abrumadora concentración del negocio en la estación veraniega y en las zonas costeras.

La Administración propone, pues, una reconversión. Pero ésta parece poco viable tal como se plantea. Por un lado, no, encaja con la imperiosa necesidad empresarial de encontrar a toda costa ocupantes para casi un cuarto de millón de camas hoteleras y cientos de miles de apartamentos. Por otro, el Estado carece de presencia significativa en el sector y, sobre todo, carece de competencias directas para tutelar la hipotética reconversión: salvo la promoción exterior, todas las competencias turísticas están en manos de las comunidades autónomas y los ayuntamientos. Esta dispersión de poderes supone una importante dificultad añadida a cualquier proceso de racionalización que quiera acometerse. El sestor está compuesto por miles de empresas de tamaño medio y pequeño, débilmente capitalizadas y, por tanto, incapaces de afrontar por sí solas la forzosamente dura transición de un modelo turístico a otro.

La crisis turística tendrá, este mismo año, una seria incidencia sobre la economía española. Se da por descontado que en el presente ejercicio las divisas aportadas por los turistas (que en 1988 sumaron 14.300 millones de dólares, lo que equivale a 1,68 billones de pesetas) no bastarán para cubrir el saldo crecientemente negativo en la balanza comercial.