Controlar el juego

EL MINISTERIO del Interior, que dirige José Luis Corcuera, ha contestado con una rotunda negativa al concurso para ampliación de casinos que había sido convocado por su antecesor, José Barrionuevo. El cambio de criterio, que se produce en el seno de un mismo partido y de un mismo Gobierno, apunta una voluntad política de restricción del juego, un sector que mueve en España unos tres billones de pesetas al año.Desde la legalización del juego en España se ha ido creando una jungla de normas al amparo de la cual se produjo el boom de casinos, tragaperras y bingos. Ello, unido a la potenciación de la ONCE desde la propia Administración y a la creación de nuevas loterías por el Estado, ha generado un mercado del juego que se resume en las siguientes cifras: 22 casinos, 600 salones de bingo, 312.000 máquinas tragaperras con premio y más de 46.000 puntos de venta de loterías, quinielas y cupones.

Por otra parte, importantes lagunas normativas dejan una amplia vía para la trampa. Así, por ejemplo, el límite de premios en las tragaperras se ha burlado por el procedimiento de encadenar series de premios sucesivos; otro ejemplo: la propiedad de los casinos debe ser transparente, mediante acciones nominativas, pero nada ha impedido que esas acciones sean suscritas por sociedades de cartera domiciliadas en paraísos fiscales, lo que hace imposible la identificación del auténtico propietario.

De puertas afuera, la política restrictiva se basa en el argumento moralista de que el nivel de juego existente en España es más que suficiente para el nivel de renta de los españoles. Pero hay otras razones más serias. Entre ellas, que la falta de control actual crea condiciones para que se forme una enorme bolsa de dinero negro. A este respecto hay que destacar las posibilidades de lavado que ofrece el negocio de los casinos, en el que se intercambia dinero sin ninguna contrapartida en términos de bienes. Algunos casinos de pequeñas capitales no turísticas carecen de rentabilidad clara, pese a lo cual sus propietarios han pugnado, incluso con contundencia, por obtener otras concesiones en ciudades de condiciones similares.

Es muy discutible, sin embargo, que el control del juego deba ser el fruto de meras decisiones administrativas. Y tampoco está suficientemente debatido el papel que deba desempeñar el Estado como administrador del juego público. Cuando han transcurrido ya 12 años desde la despenalización del juego, merece la pena afrontar el problema en su raíz, cortar por lo sano los factores de riesgo excesivo y regular estas actividades por medio de una ley que proporcione un marco de referencia estable y cree controles para garantizar la transparencia del sector.