Un juez francés dice que la policía desoyó peticiones oficiales sobre el supuesto 'blanqueo' de dinero de ETA

Germain Sengelin, juez de primera instancia de Mulhouse, localidad francesa fronteriza con Suiza, ha declarado que se han hecho tres gestiones oficiales para que la policía española coopere en el caso de la red de evasión y posterior blanqueo de dinero negro procedente de España, y que las tres han resultado infructuosas. El juez francés ha explicado que hay indicios sobre el origen de ese dinero, y que a la policía española corresponde averiguar si procede de los secuestros de ETA, de la prostitución o del contrabando.

El juez Sengelin manifestó que el fiscal de Basilea (Suiza) Jorg Schild, quien dirige la investigación del caso, ha sido quien realizó las gestiones infructuosas con la policía española. "Lo que nosotros hemos descubierto", explica Sangelin, "es un fabuloso chorro de dinero negro que sale de España para ser blanqueado en Suiza. Tenemos indicios sobre su origen, pero, en definitiva, si ese dinero procede del contrabando de tabaco o de alcohol, de la prostitución o de ETA, es la policía española la que tiene que decirlo. Y desgraciadamente, la policía española no ha hecho nada", asegura Sengelin.Los mandos policiales españoles han reaccionado con desagrado ante estas quejas por falta de colaboración, y responden que se ha hecho lo necesario, aunque el fiscal suizo no cursó sus peticiones por la vía reglamentaria. El juez francés responde que Schild hizo sus demandas a través de Interpol, canal adecuado para coordinar la colaboración policial.

La Brigada Central de Policía Judicial ha preparado un informe sobre los contactos mantenidos por la policía en relación con esta investigación de iniciativa suiza, que condujo, el pasado 12 de junio, a la detención de Joseph Arrieta, un vasco francés de Urrugne, localidad próxima a San Juan de Luz. Según los investigadores, Arrieta, de 28 años, ha estado transportando al menos unos 200 millones de pesetas semanales desde España a Suiza. Por esa vía, se sospecha que han salido en los dos últimos años más de 20.000 millones.

De acuerdo con ese informe, la policía española conoce desde hace más de un año las pesquisas iniciadas, bajo el nombre en clave de Operación Barca, por el fiscal y jefe de la unidad especial de estupefacientes de Basilea, Schild, en colaboración con el juez francés, Sengelin, y con la Drug Enforcement Agency (DEA) norteamericana. En abril de 1988, se celebró una reunión en Madrid, a la que asistieron el propio Schild, un representante de la DEA norteamericana, y dos comisarios españoles, uno de la Brigada Central de Estupefacientes y otro destinado en Galicia. En aquella reunión, el suizo pidió información sobre Marcial Dorado, el capo del contrabando gallego conocido como Marcial de la Isla.

Reunión en Madrid

Tras la reunión de Madrid, los dos comisarios españoles viajaron a Berna, donde, según fuentes policiales, aportaron una información exhaustiva. El juez francés Sengelin afirma que la información que recibió Schild sobre Marcial de la Isla nunca fue satisfactoria.

El fiscal suizo buscó desde el comienzo de su investigación una conexión entre el narcotráfico y la red de blanqueo de dinero detectada, ya que las cantidades que afloraban eran excesivas para un contrabando de tabaco. Por ello, en mayo de este año pidió a Madrid, a través de Interpol-Suiza, informacion sobre la detención en Barcelona de un grupo de personas a quienes les fueron incautados 40 kilogramos de cocaína.

La policía española afirma que esos informes fueron enviados a Basilea el pasado 14 de junio, y que el 15 se dio respuesta a otra demanda de información cursada ese mismo día.

Jorg Schild visitó por segunda vez España el pasado 26 de mayo, para asistir a una reunión del Grupo Pompidou -organismo del Consejo de Europa para la lucha contra el narcotráfico- celebrada en Barajas (Madrid). Durante ese encuentro, se entrevistó con un miembro de la Brigada Central de Estupefacientes, apellidado Aranda, al que hizo entrega de un informe completo sobre la marcha de sus investigaciones. Un portavoz policial ha indicado que ese informe se está traduciendo todavía del alemán.

El mismo portavoz añade que, en aquel encuentro, Shild entregó al policía español una fotocopia de un escrito que dijo haber remitido por vía oficial, en el que se pedía que se acelerara "la incoación" de Marcial Dorado, sin aportar otras pruebas. Afirma el portavoz que en Madrid no se ha recibido el original de ese documento.

El disgusto de los investigadores franco-suizos creció claramente durante la primera quincena de junio, en vísperas de la detención de Arrieta. Aranda, de la brigada central, había facilitado al fiscal Schild dos teléfonos de contacto, para que el juez francés los utilizara siempre que necesitara un apoyo operativo por parte de la policía española. Sengelin pasó esos teléfonos a Charles Saenz, capitán de la gendarmería de Pau. Cuando Sáenz llamó a los teléfonos en cuestión, le respondieron que allí nadie había oído hablar del fiscal Schild ni de la Operación Barca.

A primeros de junio, los franceses pidieron a la policía española que detuviera y entregara un coche de Arrieta que se estaba en Irún. Fuentes de la investigación francesa indican que la respuesta fue negativa, y que desde Francia se hizo el contacto con un juez de de San Sebastián, que ordenó la detención y entrega del vehículo.