El fiscal pide que Ochoa sea fusilado por narcotráfico

El fiscal de los procesos de la Habana, el implacable general Juan Escalona Reguera, solicitó penas de muerte para siete de los militares juzgados por "actos hostiles contra Estados extranjeros, narcotráfico y otros graves delitos contra la patria". Después de escuchar la petición del general acusador y los alegatos de la defensa, los 14 procesados dijeron no tener nada que añadir.

Los procesados quedan ahora pendientes de la moderación del presidente del tribunal, o de la clemencia de Fidel Castro, presidente de la nación.El fiscal pidió penas de 30 años de prisión para otros dos procesados, 25 años para cuatro más, y 15 años para uno de ellos. Teniendo en cuenta que quien solicitó estas penas es el propio ministro de Justicia, y que todos los acusados se confesaron culpables de los graves delitos que se les imputan, parece poco probable que la sentencia pueda modificar sustancialmente la solicitud del fiscal.

Los reos para los que se pide la máxima pena son el general Arnaldo Ochoa, jefe de lo que se podría llamar cártel de La Habana; su ayudante de campo, el capitán Jorge Martínez Valdez; el coronel Antonio de la Guardia, jefe del departamento MC del Ministerio del Interior, encargado de la obtención de tecnología y productos a los que Cuba no tiene acceso por culpa del bloqueo de Estados Unidos, y Amado Padrón, principal ejecutor de los negocios planificados por los tres anteriores.

Además de ellos, el fiscal solicitó también la pena de muerte para otros tres oficiales de menor significación en la red de narcotráfico, y que actuaron todo el tiempo a las órdenes de De la Guardia: Antonio Sánchez Lima, Alexis Lago Arocha y Eduardo Díaz Izquierdo. Este último había manifestado durante el proceso que creía que la operación de contrabando estaba autorizada al "máximo nivel".

Para el general Patricio de la Guardia, hermano de Antonio y ex jefe de la misión del Ministerio del Interior destacado en Angola, y para Rosa María Abierno, ayudante de Amado Padrón, la acusación pidió penas de 30 años de cárcel. El primero de ellos trató de demostrar ante el tribunal que conocía las actividades de Ochoa y de su hermano, y que incluso las encubrió, pero jamás participó en ellas.

Los demás acusados han merecido solicitudes algo más benévolas por parte del fiscal, porque parece haber quedado demostrado durante las cuatro sesiones del juicio militar sumarísimo seguido contra ellos, que su participación estuvo limitada a la preparación de la infraestructura necesaria para el contrabando de seis toneladas de cocaína. Por esto los procesados percibieron, según los jueces, la cantidad de 3,4 millones de dólares (411 millones de pesetas) en menos de dos años de operaciones.

Conclusiones definitivas

Al presentar sus conclusiones definitivas, el fiscal empleó el mismo tono feroz que mantuvo contra las cuerdas a los acusados durante todo el proceso. El acusador público se cebó sobre todo en el principal protagonista del caso, el general Ochoa, de quien mencionó su pasado de héroe de la patria no como atenuante, sino como agravante del delito cometido. "Por encima de los graves cargos imputados y probados -dijo el fiscal- su falta mayor ha sido haber traicionado a su pueblo, a su patria y a Fidel, que, él sabe, tiene una historia limpia, jamás empañada por la mentira".

El fiscal sostuvo que Ochoa, "al desmentir a Fidel, desmentía a Cuba y la dejaba a merced de los enemigos, debilitando gravísimamente las defensas de la Revolución". Presentó al general Ochoa como un hombre cegado por el dinero que había caído en los peores vicios.

La acusación señaló a Antonio de la Guardia como "el principal responsable de haber vinculado a Cuba con el narcotráfico, calificó a Amado Padrón como "un oportunista capaz de cualquier vileza" e identificó a Jorge Martínez como "la eminencia gris de Ochoa y probablemente su mensajero y coautor".