Las "circunstancias" de un condenado por violacion justifican que siga en libertad, según la sala

La Audiencia Provincial de Lérida, que ha condenado a Antoni Miró Argilés a una pena de 12 años de prisión por un delito de violación, justificó ayer no haber ordenado su ingreso en prisión debido a las "circunstancias personales" del condenado y porque el abogado defensor ha anunciado que interpondrá recurso de casación ante el Tribunal Supremo. Fuentes jurídicas consultadas sostienen que la decisión del tribunal es "inusual" dado el tipo de delito y la alta condena impuesta. El violador del fin de semana, Mario Ayuso Gómez, cometió 17 violaciones en Madrid mientras se encontraba en libertad condicional.El tribunal que ha condenado a Miró considera que no hay ninguna duda de su culpabilidad y que hay, pruebas suficientes para asegurar que violó a Carmen M. C. el 4 de octubre de 1988, tal como se recoge en la sentencia (véase EL PAÍS de ayer). No obstante, los magistrados no han ordenado su ingreso en prisión porque estiman que el condenado no intentará evadirse de la acción de la justicia ya que no lo hizo mientras duraba la instrucción del caso, tiempo en el que también estuvo en libertad bajo fianza de 250.000 pesetas después de permanecer un mes en prisión provisional, informa LLuís Visa.

Frente a este criterio, fuentes jurídicas consultadas sostienen que con una condena grave -reclusión menor- lo habitual es ordenar el ingreso en prisión, ya que ante una pena de 12 años de cárcel el riesgo de fuga se debe tomar en consideración, con independencia de cuál haya sido la actitud del condenado con anterioridad a la sentencia.

La Ley de Enjuiciamiento Criminal, en el artículo 504, dispone que se puede mantener la libertad cuando el acusado no tiene antecedentes penales, tal como ocurre en el caso de Miró. Sin embargo, el mismo artículo subraya que para mantener la libertad es necesario que "el delito no haya producido alarma ni sea de los que se cometen con frecuencia en el territorio". Ambas circunstancias no concurren en este caso ya que la violación constituye uno de los delitos que preocupan más a la sociedad y, por otra parte, la Audiencia de Lérida ha juzgado ya tres delitos de violación en lo que va de año.

Esta Audiencia fue la que el pasado mes de febrero dictó la sentencia de la minifalda por la que se minimizó un delito de abusos deshonestos atendiendo a que la víctima vestía minifalda. En el juicio contra Miró, celebrado el lunes pasado, el presidente del tribunal, Josep Gual, preguntó a la víctima si llevaba bragas cuando fue violada. Al día siguiente, el mismo juez aclaró que su pregunta pretendía comprobar si opuso resistencia.

El hecho de que un condenado a 12 años de prisión por violación permanezca en libertad contrasta con la práctica habitual de los tribunales de justicia. Por norma general, todo condenado por un delito penado con prisión mayor, que comporta penas inferiores a las que corresponde por violación, ingresa en la cárcel, con independencia de que se recurra ante el Supremo. Por ejemplo, la mayoría de los condenados por robo con intimidación, cuya pena máxima es de 6 años de cárcel, son encarcelados automáticamente tras la sentencia.

Un condenado por un delito de tráfico de drogas, aun en el caso de que la sustancia intervenida no sea elevada, también suele entrar en la cárcel aunque la pena máxima que se puede imponer es menor a la de violación. En casos de homicidio, sancionado con penas iguales a las de violación -de 12 años a 20- los tribunales suelen acordar el ingreso en prisión, aunque se recurra al Supremo.

Magistrados y fiscales de la Audiencia de Barcelona precisaron ayer que la decisión de dejar en libertad a una persona condenada a 12 años de prisión es legal pero arriesgada e inadecuada, además de ser poco habitual en un delito de violación.