El Gobierno francés amnistía los sobornos en la financiación de los partidos políticos

El Gobierno francés ha aprobado una amnistía de los casos de soborno y de corrupción cometidos hasta el pasado día 15 en la financiación de los partidos políticos. La disposición, que ha levantado numerosas críticas en los medios de comunicación y en la magistratura, forma parte de una de las dos nuevas leyes que regularán la financiación de los partidos y de las campañas electorales.

El primer ministro, Michel Rocard, justificó la amnistía en unas declaraciones a la cadena de televisión TF-1, en las que reconoció: "El fraude ha sido muy general y en todas direcciones". Rocard anunció el martes por la noche, después de su aprobación en el Consejo de Ministros, que la nueva ley de financiación será "dura y brutal" y "va a hacer daño". Sin embargo, todo su efecto moralizador queda empañado por la coincidencia de su aprobación con el perdón de las numerosas irregularidades cometidas en el pasado por miles de cargos públicos y de las que sólo una mínima parte estaba siendo investigada.Uno de los casos más notorios que será olvidado es el que estalló poco antes de las elecciones municipales de marzo pasado en Marsella y en el que estaba implicada una treintena de dirigentes políticos y directivos de la empresa SAE, número uno de la construcción en Francia. La SAE, como otras firmas de la construcción, pagaba comisiones a los alcaldes para conseguir la adjudicación de las obras públicas, dinero que servía para financiar los partidos y las campañas electorales, cuando no para el enriquecimiento personal.

Colaboración de terceros

Este sistema, que necesita la colaboración de un tercero -normalmente un pequeño empresario- que libra las facturas falsas que enmascaran las comisiones en la contabilidad de la empresa de construcción, está extendido por todo el país y es un secreto a voces que constituye la principal forma de financiación ilegal de los partidos, tanto de derechas como de izquierdas. Otra de las modalidades consiste en la creación de gabinetes de estudio fantasmas que reciben subvenciones oficiales o comisiones por su intervención en la concesión de contratas.

La nueva ley admite implícitamente la existencia de los fraudes al regular los procedimientos de adjudicación de las obras públicas en el ámbito local. El texto establece dos formas de financiación de los partidos, una pública -según el número de votos y de escaños conseguidos en las elecciones- y otra con dinero privado, que goza de deducciones fiscales y para el que se establecen topes máximos. La ley crea un órgano de control y fija sanciones económicas y la un año de ineligibilidad para los autores de fraudes.

Pero los buenos propósitos quedan sumergidos en el escepticismo suscitado por la amnistía y por otro escándalo relacionado también con la financiación oscura de los partidos. El caso Luchaire -la venta ilegal de armas a Irán por esta empresa francesa- fue sobreseído por el juez el pasado viernes después de tres años de investigación. El fiscal encargado del asunto se negó a pedir el sobreseimiento ordenado por el Ministerio de Justicia y solicitó su relevo. Finalmente, la orden fue cumplida por el fiscal jefe, Pierre Bezard, quien, sin embargo, no se ha privado de declarar: "Este asunta fue montado por los políticos y ha sido enterrado por los políticos", en una clara referencia a la falta de colaboración por parte de Defensa.