La Comunidad se compromete a reforzar la lucha contra el fraude

., Los ministros de Economía y Finanzas de la Comunidad Europea debatieron ayer en Luxemburgo un informe sobre el fraude cometido en los países comunitarios con las ayudas que concede la propia Comunidad. La discusión responde al calendario de iniciativas anunciado por la Comisión Europea el pasado mes de marzo, cuyo objetivo fundamental es el reforzamiento de la lucha contra las actividades fraudulentas.

El Reino Unido ha hecho un auténtico caballo de batalla de las estafas al presupuesto de la Comunidad y su postura se ha visto reforzada con la salida a la luz de recientes escándalos. Las estimaciones apuntan que unos 500.000 millones de pesetas son desviados fraudulentamente cada año para un destino diferente al que prescriben las normas comunitarias.

La obsesión británica por llevar este tema a la cumbre de Madrid chocó con la oposición española, nada deseosa de que un asunto espinoso como este salpicara el Consejo Europeo de jefes de Estado y de Gobierno que cerrará la semana próxima el semestre de presidencia española.

Finalmente, el acuerdo alcanzado consiste en debatir hoy el asunto en Luxemburgo y esperar a la eficacia de las medidas adoptadas por la Comisión.

Inventario

Las medidas concretas se basan en un inventario de las existencias almacenadas en la Comunidad y un control de las empresas cuyos flujos financieros con el Fondo Europeo de Garantía Agrícola (FEOGA) sobrepasen los 60.000 ECU (7,8 millones de pesetas) al año. Las órdenes de pago serán también revisadas. La Comisión Europea ampliará los efectivos antifraude, totalmente insuficientes, y pide la cooperación de las administraciones de los Estados miembros.

Por otra parte, el Consejo debatió la directiva 18, sobre el impuesto sobre el valor añadido (IVA), que plantea la exención de este impuesto para el oro destinado a uso industrial, las agencias de viajes, las actividades deportivas y los servicios culturales.

Otras tres directivas discutidas ayer supondrán una reducción en la fiscalidad que soportan las empresas. El objetivo es evitar la doble imposición en las actividades de empresas situadas en países diferentes de la Comunidad Europea.

Las reformas afectan a los gravámenes sobre fusiones, escisiones y aportación de activos entre sociedades; a la fiscalidad sobre empresas matrices y sus filiales, y al procedimiento arbitral a aplicar en caso de conflicto.