El presidente mexicano, contra la 'delincuencia oficial'

El asesinato del periodista Manuel Buendía, hace cinco años, simbolizó en México la impunidad con que los poderes del Estado venían actuando contra los ciudadanos que desafiaban el orden establecido. La detención de un ex funcionario policial como responsable del crimen es una prueba de los nuevos tiempos y un paso más en la política del presidente Carlos Salinas, de depurar las instituciones y acabar con la delincuencia oficial.

El caso Buendía, que conmocionó a la sociedad mexicana, está sacando además a la luz una espesa red de colaboración entre el narcotráfico y funcionarios estatales, y amenaza la supervivencia de distintos grupos de presión que intentan mover los hilos de este país. Diputados del gubernamental Partido Revolucionario Institucional (PRI) han advertido ya que la imputación del asesinato de Buendía a José Antonio Zorrilla, antiguo jefe de la Dirección Federal de Seguridad, el FBI mexicano, es un peligro para la credibilidad de la justicia y del propio sistema.Zorrilla, que ha sido señalado por la Procuraduría General de Justicia como el autor intelectual del asesinato, era dirigente del PRI, tras cuyas siglas aspiró en varias ocasiones a importantes cargos de elección popular. Su detención se produjo en la noche del martes en la famosa calle Reforma, en pleno centro de la capital. Zorrilla se rindió a los agentes que rodeaban la casa en la que se encontraba, tras una conversación con el procurador general, Ignacio Morales.

La oposición del Partido Revolucionario Democrático (PRD), dirigido por Cuauhtémoc Cárdenas, ha recibido positivamente el esclarecimiento parcial de este caso, pero ha recordado que otros muchos periodistas han sido asesinados en México por distintos motivos en los últimos años y que es responsabilidad de las autoridades la detención de todos los culpables. Llevar la investigación hasta las últimas consecuencias es, sin embargo, algo muy complejo. Se ha descubierto, por ejemplo, que José Antonio Zorrilla había cobrado cantidades millonarias a cambio de proteger al conocido narcotraficante Rafael Caro Quintero, actualmente en prisión. Altos funcionarios policiales habían entregado credenciales a Caro Quintero y a otros narcotraficantes para que actuasen impunemente en nombre de la Dirección Federal de Seguridad.

Según la versión oficial, la investigación del caso Buendía avanzó particularmente a raíz de la detención en abril de uno de los más famosos capos del tráfico de drogas en México, Miguel Ángel Félix Gallardo, quien confesó el respaldo institucional al narcotráfico. Buendía investigaba sobre la protección oficial a narcotraficantes cuando cayó muerto en una calle de la Ciudad de México el 30 de mayo de 1984.

La Fundación Manuel Buendía, que agrupa a periodistas defensores de la libertad de expresión, ha aplaudido la medida del Gobierno contra Zorrilla y ha animado a las autoridades a llegar al completo esclarecimiento del caso.

La voluntad política que Salinas ha demostrado en los primeros seis meses de Gobierno con las actuaciones contra el líder sindical La Quina, el financiero Eduardo Legorreta y el narcotraficante Gallardo ha vuelto a ser decisiva en la investigación de 'caso Buendía'.

En el caso Buendía quedan varios puntos por aclarar: ¿Recibió Zorrilla órdenes superiores para planificar el asesinato? ¿Quién lo ha protegido? ¿A quién se pretendió encubrir bloqueando la investigación?