El Senado pide responsabilidad penal para las familias que abandonen a sus ancianos

, Un informe elaborado por la Comisión de Relaciones con el Defensor del Pueblo y los Derechos Humanos del Senado recomienda, tras analizar los problemas de asistencia para la tercera edad que hay en España, que se realicen las "necesarias modificaciones normativas que permitan que aquellas instituciones encargadas de la asistencia al anciano puedan promover las actuaciones judiciales correspondientes frente a situaciones de desamparo".

El informe denuncia también la descoordinación que existe entre las comunidades autónomas y la Administración central, así como la insuficiencia que hay, en relación con los países de la Comunidad Europea, de plazas para acoger en centros sanitarios y residencias a los ancianos necesitados. A nivel nacional hay 2,49 plazas de residencias por cada 100 ancianos, mientras que el óptimo establecido por la CE es de cinco plazas.La recomendación de que se puedan pedir responsabilidades penales a las familias que tengan a sus mayores sumidos en el desamparo se basa, según el senador socialista Manuel Fernández Ramos, coordinador de la ponencia, en el artículo 50 de la Constitución y en el Codigo Civil. De la lectura de ese artículo, que responsabiliza a los poderes públicos de garantizar, "mediante pensiones adecuadas", la suficiencia económica a los ciudadanos de la tercera edad, se recoge "el vínculo obligacional que deriva del ámbito familiar, y que conlleva la necesidad de que el anciano no se encuentre desprotegido de su entorno afectivo".

"Por otra parte, el título sexto del Código Civil especifica que la familia tiene la obligación de proporcionar alimento, vestido y cobijo a sus miembros. Y esa obligación no se refiere sólo a los cónyuges, sino también a los miembros ascendentes y descendentes. Los nietos tienen esa obligación para con sus abuelos", explica Fernández Ramos.

"Si eso no se cumple, como está ocurriendo en muchos casos, la vergüenza de que se sepa que sus familiares no le atienden frena a los ancianos a la hora de denunciarles ante los tribunales. Nosotros sólo proponemos que las instituciones o las propias residencias puedan ser las que acudan ante el juez en caso de desamparo. Porque además en las residencias se ha detectado que los ancianos que se encuentran más abandonados son los que, paradójicamente, mejor hablan de sus hijos", afirma el senador socialista.

Desgravación fiscal

Los seis senadores que han participado en la elaboración del informe se han planteado una serie de medidas que ayudarían a que los mayores de 65 años puedan permanecer en su entorno familiar, aunque éstas no estas recogidas en la ponencia aprobada ayer.

"Somos conscientes de que no se puede obligar a una familia a que tenga en su casa a una persona. Pero es un derecho de la propia sociedad, no ya del anciano, el que las familias asuman los costes de una asistenta en el domicilio o de una residencia. No hay que olvidar tampoco que hay familias con pocas posibilidades para cuidar de sus ancianos. En estos casos hemos pensado en la posibilidad de primar a las familias con subvenciones económicas o exenciones fiscales. Otros casos, como el trabajo de los dos miembros de la pareja, por ejemplo, es quizá uno de los problemas más difíciles de solucionar", concluye Fernández Ramos.

En 1988 la Seguridad Social destinó 7.500 millones de pesetas a equipamientos o inversiones para la tercera edad, esto supone un aumento del 283% con respecto a 1982.