Entre el reconocimiento y la garantía de un derecho

En estos días en que la polémica sobre el derecho a la opción de abortar parece ya superada y una dishomogénca y privada red de centros sanitarios cubre mayoritariamente la demanda existente, parece conveniente volver a lo que tendría que haber sido el debate inicial.El número de abortos que anualmente se realizan en nuestro país (entre 70.000 y 100.000) es suficientemente importante como para reflexionar sobre las causas que los motivan y las situaciones de dolor que crean en mujeres y familias que optan por la interrupción de un embarazo.

Resulta alarmante que el número de, intervenciones sobre el aborto desde los medios de comunicación en el país, tanto de los que defendemos el derecho a disponer de esa opción como de los que niegan el derecho a decidir de las mujeres, supere ampliamente la información sobre la concepción y las diferentes formas de planificar los nacimientos.

El derecho a las gestaciones deseadas está reconocido, pero un derecho sin los correspondientes servicios es la inexistencia del derecho de facto.

El resultado de la polémica, de las acciones judiciales sobre mujeres y profesionales, de la falta de garantías sanitarias, ha sido una despenalización del aborto en determinados supuestos, una oferta privada de centros sanitarios para realizar los abortos tempranos, una declaración oficial dishomogénea (que creo atribuible fundamentalmente al temor a posibles represalias por grupos incontrolados), comunidades autónomas sin centros públicos ni privados realmente disponibles, mayoría de situaciones rechazadas por "no legales" en la sanidad pública, ninguna planificación geográfica de las redes utilizables ni información pública de las mismas..., y algo muy importante, ningún aumento valorable de la oferta de servicios de planificación familiar ni, de información sobre la prevención del aborto.

Exponer la vida

Para la mayoría de las mujeres, y también para sus familias, el aborto es una difícil elección. La problemática interna que genera un embarazo no deseado no suele acabar con la intervención, y a esto hay que añadir la dificultad externa para localizar un servicio de planificación familiar con las mínimas garantías.

Todas aquellas que pudimos observar en el Reino Unido o en Holanda la experiencia de mujeres que obtenían su primer pasaporte para ese viaje y que estarían pagándolo de muchas maneras durante bastante tiempo, estamos seguras de que cuando una mujer decide que no puede seguir con su gestación lo consigue aun a costa de exponer su vida.

Hemos superado esa etapa negra, y hoy, salvando las dificultades de distancia geográfica, económica y de desinformación, es factible entrar en contacto con un mediador (en muchos casos no sanitario) que facilite la dirección de una clínica acreditada.

Pero el gran reto continúa, la condición de mujer está íntimamente ligada con su capacidad de procrear, y, por tanto, su libertad y sus derechos sólo podrán ser reales cuando disponga de una oferta accesible de servicios para ejercerlos.

Afirmar que existe el derecho de voto cuando para poder ejercerlo hay que desplazarse muchos kilómetros, recurrir a los circuitos más dispares para informarse del lugar o tener que pagar por ello, haría pensar en una falacia. Si además ejercer ese derecho pudiera suponer publicidad, juicios de, valor no soficitados, valoraciones de legafldad no profesionales e incertidumbres en cada etapa del proceso, estaríamos seguros de que el objetivo sería la " disuasión de la utilización del derecho por la serie de dificultades y la indiferencia a las mismas.

Hoy se puede conseguir en nuestro país una interrupción de embarazo salvando en la mayoría de los casos las dificultades mencionadas y mediante el pago del servicio. Pero esta indudable mejora no puede hacer pensar que la provisión de servicios en cantidades y calidad suficiente es una realidad.

Prevención

No parece que la regulación de la objeción de conciencia, la oferta desde todos los centros públicos y la garantía de atención accesible y profesional a todas las mujeres desde la sanidad pública sean hoy los objetivos de la política sanitaria. Pero sin entrar en estas medidas, que parecen ser demasiado radicales, y aun habiendo delegado desde, las instancias públicas la atención a las clínicas privadas, deberían asegurarse los servicios sanitarios de información y atención que permitieran una accesibilidad geográfica, que garantizaran el derecho a la privacidad de las personas y el respeto por las mismas.

La información institucional sobre los servicios realmente disponibles (públicos y privados), garantizada en todas las consultas y centros de atención primaria, y sobre la importancia de la prevención, son claves para que el derecho a decidir sea una realidad.

Como reflexión lineal, a mi modo de ver fundamental, propondría la observación de los servicios dirigidos a la promoción y atención en salud reproductiva y sexual. Las redes paralelas de servicios con titularidades jurídicas diferentes, una oferta insuficiente, una información escasa y aún inexistente en muchas zonas del país, podrían hacer pensar que el futuro de la planificación familiar en nuestro país no depende sólo en la voluntad política ni del colectivo de profesionales, ni tan siquiera sólo de las mujeres, y, por tanto, de la necesidad de iniciar un camino de debate y cooperación para propuestas y programas entre instituciones, profesionales y el acceso de mujeres y familias a los recursos que garantice la libre elección del número y espaciamiento de los hijos o hijas.