El voto económico

Los más de dos millones de electores bolivianos decidirán en las elecciones generales del próximo 7 de mayo la continuidad o no de la nueva política económica, en vigencia desde 1985,. y que, pese a su alto costo social, ha representado la única vía para superar la dramática crisis económica de este país andino.Las tres candidaturas con mayores posibilidades de voto ofrecen la continuidad del modelo económico con algunas modificaciones de forma, pero no le fondo. Acción Democrática Nacionalista (ADN), el gobernante Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) y el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) consideran de vital importancia la continuidad del modelo, que está sustentado básicamente en una política de mercados libres, con precios fiados por la oferta y la demanda para bienes y capitales, una apertura de la economía al comercio internacional y una reducción del papel del Estado a una tarea reguladora. Hasta 1985, el 70% del sector producto y económico estaba en manos del Estado.

Los candidatos de la ADN, Hugo Banzer, y del MIR, Jaime Paz Zamora, han reconocido qué cambios profundos en el modelo podrían revertir el lento proceso de recuperación de la economía boliviana. Gonzalo Sánchez de Lozada, M MNR, advirtió por su parte que cualquier cambio podría provocar un "colapso" económico con serios riesgos para la estabilidad democrática.

Cambio total

La izquierda, en cambio, considera que la política económica actual resultó "peor que la enfermedad" y, en consecuencia, debe ejecutarse un programa como "proyecto de transición al socialismo, que devuelva al Estado la administración del área estatégica de la economía y fomente, a la par, la actividad del sector privado".

El candidato de Izquierda Unida, Antonio Araníbar, plantea un cambio total del modelo en vigencia para poder distribuir más equitativamente los ingresos. La "nueva política económica", según Izquierda Unida, estimula la concentración de la riqueza dentro del mismo círculo de privilegiados, agravando la miseria de las grandes mayorías.

La aplicación, en los últimos cuatro años, de esta política económica ha servido para parar en seco la hiperinflación en el primer año y mantenerla controlada en los siguientes. No se ha llegado a reactivar la economía por falta de flujos de capital de inversión.

Pero frente a este importantísimo logro económico, el costo social parece demasiado alto. La tasa de desempleo supera el 20% (según la Iglesia católica ha llegado al 24%), para una población económicamente activa de 2,6 millones de personas.

El congelamiento de salarios y el libre precio de productos alimenticios han provocado la expansión de la desnutrición, especialmente entre los niños. La tasa de mortalidad infantil supera los 250 por cada 1000 nacidos vivos, y ha aumentado, asimismo, el número de niños que nacen bajo el peso mínimo. El actual Gobierno ha reconocido que la salud del pueblo boliviano "está en crisis".

Por lo menos un millón de niños en edad escolar, entre los 5 y 18 años, no van a la escuela, y las tasas de deserción escolar han crecido significativamente.

La apertura al comercio exterior ha provocado el cierre de muchas industrias que no podían alcanzar niveles competitivos, dando lugar a un aumento de las importaciones.