Arquitectos europeos denuncian al Gobierno español por impedirles trabajar

CARLES COLS, Arquitectos de países miembros de la Comunidad Europea (CE) han denunciado al Gobierno español ante la Comisión del organismo internacional por incumplir una directiva comunitaria que establece el reconocimiento mutuo de los diplomas, certificados y otros títulos del sector de la arquitectura.

La actitud del Gobierno español podría estar encaminada a intentar retrasar una entrada masiva de profesionales europeos en España, coincidiendo con el boom inmobiliario que vive este país, según la opinión de los representantes legales de los arquitectos.El principal motivo de polémica que enfrenta a los arquitectos con el Gobierno español es la diferente lectura que realizan de la directiva europea, en la que se especifica que cada Estado "reconoce" las titulaciones de los otros miembros. Los afectados consideran que "reconocer" implica aceptar los títulos académicos, y el Gobierno español cree necesario dictar un decreto para permitir el libre ejercicio de los arquitectos europeos.

El representante español en el comité de Bruselas, Joaquín Corés, aseguró en mayo de 1988 que antes de que finalizara el año se publicaría en el Boletín Oficial del Estado dicho decreto. Al no producirse este hecho, dos arquitectos holandeses han denunciado ya al Gobierno, y en los próximos días dos profesionales más de esta nacionalidad, un francés y dos británicos, tramitarán sus denuncias a la comisión.

Retraso comunitario

La consultora de empresas y administraciones públicas que representa a los arquitectos, Lex Assessor, SA, considera que el Gobierno pretende retrasar la publicación del decreto, ya que en 1992, con la entrada en vigor del Acta Única europea, las empresas constructoras extranjeras podrán venir a trabajar libremente a España, y es probable que traigan a sus propios arquitectos. En este sentido, Corés afirmó que la "Administración tomará las cauciones pertinentes para que en las obras de cierta entidad el arquitecto no se limite a dirigir las construcciones por teléfono desde su oficina europea".

El representante ante la comisión de Bruselas justificó el retraso en la publicación del decreto aduciendo que el resto de los países miembros de la CE ha adoptado la misma actitud.

Representantes del Gobierno holandés han recogido la queja de uno de los afectados, Frank E., quien además se da la circunstancia de que reside desde hace varios años en España. La Administración holandesa se puso en contacto el año pasado con Corés solicitándole que se aplicara la normativa comunitaria y se permitiera a su súbdito ejercer en España.

La situación de los arquitectos comunitarios se ha visto complicada además por el hecho de que los colegios profesionales españoles ha suspendido la inscripción de profesionales extranjeros aduciendo que están pendientes del decreto gubernamental. Sin embargo, el Colegio de Arquitectos de Cataluña, donde un holandés ha intentado la inscripción, realizó en 1987 una modificación especial de sus estatutos para adecuarlos a la normativa comunitaria.