La Audiencia renuncia a investigar los fondos reservados

JOSÉ YOLDI, La Audiencia Nacional decidió ayer abandonar definitivamente la investigación de los fondos reservados del Ministerio del Interior de los que se sospecha que hayan podido constituir una fuente de financiación de los GAL. Los magistrados de la Sección Tercera de la citada Audiencia Juan Manuel Orbe, Roberto Hernández y Alfredo Vázquez consideran que existe un vacío legal que les impide proseguir las pesquisas. José Luis Galán, ahogado que ejerce la acción popular en la causa, manifestó al conocer la decisión del tribunal que no es que exista imposibilidad de investigar, sino que no hay voluntad de hacerlo.

Los magistrados precisan en su decisión: "Nos encontramos en tina situación de colisión o de conflicto entre el derecho fundamental de la tutela judicial efectiva, que legitima los poderes de investigación del instructor, y el también fundamental de la seguridad del Estado, al que responde el régimen legal de fondos reservados o secretos, existiendo una laguna legal".El tribunal precisa que esta situación está prevista en otras legislaciones, pero no en la española, y a continuación recoge la argumentación de la defensa del subcomisario José Amedo y del inspector Michel Domínguez, especificando que al legislador corresponde resolver el problema "buscando la fórmula de adecuado equilibrio entre la capacidad investigadora de los tribunales (...) y el derecho-deber del Gobierno de garantizar el Estado de derecho".

Testigos rechazados

"Consecuencia ineludible", explica el tribunal, "es la imposibilidad de seguir la investigación tendente a inquirir datos de fondos reservados con respecto al Ministerio del Interior".

Los magistrados extienden la improcedencia a todas las otras averiguaciones sobre la materia, y han rechazado que se tome declaración a varios testigos, algunos de los cuales fueron señalados por este periódico como las personas encargadas en el citado departamento de efectuar las entregas y llevar la contabilidad de los gastos secretos.

El tribunal estima en su resolución que los testimonios de estas personas son inútiles, debido a que "cualquiera que fuere su resultado no podría practicarse confrontación con los datos obrantes en el Ministerio del Interior, inexistentes en cuanto a documentación se refiere, según contestación dada por el ministro del ramo, y de imposible acceso, en todo caso, dado el secreto existente sobre ellos".

La resolución precisa que estas declaraciones sólo dilatarían más el proceso, en perjuicio de los acusados, que se encuentran en prisión, y agrega que ya existe suficiente material para juzgar a Amedo y Domínguez.

Los magistrados se han negado también a remitir al Tribunal Supremo, para depurar las responsabilidades penales en que hubiera podido incurrir, la respuesta del ministro del Interior, José Luis Corcuera, sobre los fondos reservados. La acusación particular consideraba que Corcuera había cometido un delito de obstrucción o falta de colaboración con la justicia y pedía la apertura de un proceso por ese hecho.

José Luis Galán ha anunciado que presentará recurso de súplica contra la decisión del tribunal, porque a su entender supone que existen 3.000 millones de pesetas opacos que se escapan a todo control.

Por otro lado, el presunto mercenario de los GAL Georges Mendaille declaró ante el juez central número 1 de la Audiencia Nacional. Georges Mendaille aseguró que es inocente de los dos asesinatos frustrados por los que le reclama Francia y se opuso a ser entregado a las autoridades del país vecino.