La economía sumergida da trabajo a 103.000 personas en la región
La economía sumergida da trabajo en la región a un total de 103.000 personas, según un informe de la Consejería de Economía de la Comunidad de Madrid. Esta cifra se incrementa hasta 226.000 personas si se contabilizan autónomos, empleados de hogar y empresarios en situación irregular.Frente a estos datos, el informe indica que 1.050.000 personas tienen una actividad declarada. Ello supone que la tasa de irregularidad laboral en la región (relación entre el número de trabajadores en la economía sumergida y la cifra global de ocupados) se sitúa en un 17,7%, porcentaje claramente inferior a la media nacional, que se eleva al 27,1%.
El informe de la Comunidad, que utiliza datos de la Encuesta de Condiciones de Vida y Trabajo elaborada por el Ministerio de Economía y Hacienda, resalta que "la economía irregular tiene un peso en la región relativamente moderado en realación al conjunto nacional, aunque en determinadas actividades sea significativo". Así, la tasa de irregularidad se eleva al 28% en los sectores de hostelería, comercio y reparaciones, y al 23,5% en el resto de los servicios.
De los 226.000 ocupados en actividades de la economía sumergida, únicamente 2.486 son perceptores del seguro de desempleo. Por otra parte, el informe subraya que tres de cada cuatro personas con empleo irregular en Madrid no están dadas de alta en la Seguridad Social.
Las situaciones de irregularidad laboral varían notablemente en función del sexo, la edad y la situación familiar de los ocupados. Entre las mujeres con elevada presencia en los sectores de hostelería, comercio y textil la tasa de irregularidad es casi el doble que entre las hombres, y afecta especialmente a las casadas con más de 27 años. En esta situación también se encuentran los menores de 30 años.
Entre las posibles medidas para reflotar la economía sumergida el informe descarta la legalización de este tipo de actividades, así como las acciones "puramente represivas". La posible tolerancia de empresas irregulares es también rechazada, ya que la autorregulación de la economía sumergida implicaría una irracional destrucción de los recursos sociales".
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